El pasado viernes 18 de julio, el Consejo Nacional de la Magistratura publicó en su página web los resultados de la evaluación curricular del concurso de selección y nombramiento de magistrados para plazas en la macro región centro andina (ver: resultados). La novedad, no obstante, radica en que dicho concurso ha sido el primero realizado con el nuevo reglamento recientemente aprobado (ver: reglamento).

Como se sabe, los concursos para selección de jueces y fiscales titulares están compuestos de tres etapas. La primera de ellas es un examen escrito con 60 preguntas de opción múltiple. Superada esa etapa, los currículos de los postulantes que aprueben el examen son evaluados en función a las tablas de evaluación curricular diseñadas por el CNM (ver: tablas). Y, por último, esos postulantes participan de una breve entrevista personal, que les otorga un puntaje que se pondera con los demás obtenidos a lo largo del proceso y se elabora un cuadro de méritos.

Como vemos, se viene consolidando un sistema alejado de los favores y las componendas. Sin embargo, recordemos que no todo lo que brilla es oro.

Para empezar, el examen escrito, muy a desmedro de haber sido elaborado con asesoría especializada, cuenta todavía con graves errores de planteamiento. Así, advertimos del análisis de todas las pruebas escritas que alrededor del 85% de las preguntas planteadas requerían de un esfuerzo memorístico del postulante, mientras que el 13% fueron redactadas sobre la base de un caso concreto y para su absolución el candidato requirió contar con determinada información jurídica y aplicar adecuadamente el silogismo jurídico. Asimismo, no hallamos ninguna pregunta que exigiera al aspirante elevarse por sobre el promedio, de manera que muestre su capacidad de razonar el ordenamiento jurídico, identificar el conflicto social subyacente o reflexionar críticamente sobre el estado de la justicia en el Perú.

En esa línea, en la evaluación escrita hemos encontrado preguntas claramente inadecuadas para el ejercicio de la labor judicial o fiscal, como conocer de memoria el nombre de la ley en que se encuentran reguladas las c oncesiones para conservación y las concesiones para ecoturismo[1]. Lo mismo sucede para postulantes a jueces de familia, a quienes se les pide saber qué significa la expresión en latín "pater is est quem nuptiae demostrant "[2].

En fin, el tipo de preguntas escogidas y su formulación son reflejo de que el CNM debe corregir el rumbo en la búsqueda de magistrados con capacidad crítica, creatividad para interpretar normas y ánimo reformista y renovador del tan venido a menos sistema de justicia.

Por otro lado, la evaluación curricular presenta también deficiencias. Debido a la confusa redacción de la tabla de puntaje, los postulantes a magistrados de 3er nivel podrían obtener más de treinta puntos (sobre un total de 100) por el simple hecho de haber ejercido su profesión. Si bien es cierto que la experiencia debe ser ponderada, no significa que el mero paso del tiempo sea un indicador idóneo para escoger a los mejores postulantes, pues así no se mide el desempeño que pueda haber tenido el candidato en el cargo, sino su sola permanencia (esquivar el desempleo no es, precisamente, un mérito).

En ese marco, 271 postulantes siguen en carrera por 132 plazas disponibles para Vocales Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, Jueces de Paz Letrados del Poder Judicial y Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales del Ministerio Público. La cantidad de aprobados por fase del concurso puede verse en el siguiente cuadro.

Así, la siguiente etapa del concurso consiste en una entrevista personal, donde el CNM o una comisión compuesta por 3 de sus miembros evaluará a los postulantes aprobados. A partir del cuadro de méritos resultante, el Consejo seleccionará -con la aprobación de dos tercios de sus miembros- a los 132 magistrados que requiere la macro región centro andina. Recordemos que esta importante parte del país es escenario frecuente de conflictos sociales, por lo que tanto la selección de los operadores jurídicos, como la actuación que ellos realicen posteriormente, deben ser asumidas muy responsablemente. Ello teniendo en cuenta que precisamente el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen como función canalizar los conflictos y resolverlos de manera pacífica, y que por el contrario, su ausencia o ineficiencia en esta tarea es fuente de un conflicto mayor.
(César Bazán Seminario, Juan Luis Balarezo Revilla)

[1] Pregunta Nº 40 del examen tomado a postulantes a jueces y fiscales mixtos.
[2] Pregunta Nº 44 del examen tomado a postulantes a jueces de familia.