El jueves de la semana pasada publicitamos en nuestro portal web, el Informe Consolidado de Evaluación Anual del Plan Operativo 2007, del Poder Judicial (PJ), el mismo que expone un alcance estadístico de la situación y avance (principalmente político-administrativo) de las metas planteadas por el Poder Judicial en el año 2007.

El Informe aborda principalmente, de forma simple y precisa, datos relacionados a temas como: el nivel de carga y descarga procesal, acciones efectivas para la solución de problemas como la corrupción o el acceso a la jurisdicción, acciones de gobierno y dirección administrativa de la Gerencia del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo del PJ. Temas de suma importancia para poder realizar una evaluación adecuada del desarrollo institucional del Poder Judicial.

En ese sentido, si bien los datos hablan por sí mismos, es necesario resaltar los temas más importantes del Informe, exhortando a su revisión por parte de quienes siguen de cerca los avances de nuestro Sistema de Administración de Justicia.

En primer lugar, mencionamos el tema de lo que el Informe denomina "Acceso a la Justicia". Se hace referencia a la creación de 18 nuevos órganos jurisdiccionales a finales del 2007 (20 juzgados especializados, 1 juzgado de paz, y la disminución de 3 Salas Superiores), y al número de habitantes por magistrado (que oscila entre 4583 habitantes en Madre de Dios, y 20833 en Lima Norte, por magistrado). Es inevitable hacer mención a la perspectiva institucional del Acceso a la Justicia que se expresa en el Informe: recordemos que la mera creación de órganos no garantiza un adecuado acceso, y la referencia de habitantes por magistrados, puede resultar engañosa si no se vincula con otros datos como el nivel de por ejemplo, políticas inclusivas (para el caso de barreras culturales, lingüísticas, género, etc).

Por otro lado, la lucha contra la corrupción por parte de la OCMA es algo que debe ser resaltado. En 30 años de existencia, la OCMA ha mostrado un compromiso constante con la erradicación de este mal; las 1263 medidas disciplinarias aplicadas a magistrados (636) y auxiliares judiciales (627), dan fe de ello. Estos últimos datos deben ser considerados en función de la proporción numérica de estos dos tipos de funcionarios; que de acuerdo al Informe es de 14% de magistrados (2162) y 86% de auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo (12943), sobre el total de trabajadores del Poder Judicial. De igual forma, las actividades de difusión y concientización, así como los convenios adoptados con la Contraloría General y el PNUD, muestran una efectiva realización de actividades por parte de este órgano.

Finalmente, haremos una breve mención al tema de la carga y descarga procesal. Como dato primario, se ofrece el cuadro "Resultados Jurisdiccionales", el cual muestra un disminución de casos ingresantes (alrededor de 9.8% respecto al 2006). Sin embargo, se muestra un alza en el porcentaje de causas pendientes (2.5% respecto al 2006), lo cual, como señala Wilson Hernández(1), resulta uno de los principales problemas en el tema de la carga procesal. Ahora bien, es necesario mencionar que el Informe nos muestra un aumento en el índice general de causas resueltas (14% respecto al 2006), así como en la calidad de las sentencias (2% respecto al 2006) -sería interesante conocer adecuadamente los criterios de dicha evaluación-, y el nivel de congestión (9% respecto al 2006) en el manejo y resolución de causas, entre otros.

Sin duda, el Informe requiere un análisis más detallado de las cifras otorgadas. No olvidemos que los factores que determinan un verdadero avance no son sólo en el crecimiento o disminución de causas o creación de juzgados, y que en la evaluación del avance de la gestión no es pertinente que cada dato sea observado de manera aislada, respecto de otros.
(Aarón Verona Badajoz)

1. HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson. 13 mitos sobre la carga procesal. Lima: Justicia Viva. 2007