Es resaltante la valiosísima labor de la Contraloría como unidad rectora del Sistema Nacional de Control y, en especial, del Contralor General de la República como jefe de la entidad. En breve concepto, el Contralor es el director de los mecanismos de lucha anticorrupción desde el frente interno del sistema estatal. Éste es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Quien actualmente ocupa el cargo, el contralor Genaro Matute, está por terminar su mandato dentro de pocos meses, y quien sea elegido a reemplazarlo lo hará entre los años 2009 y 2015; esto es, por los últimos años del presente gobierno y para el próximo.

Recordemos las frases de nuestro Presidente en su discurso de asunción de mandato en el año 2006: "[Para la elección en la] Contraloría General de la República [.] solicitaré a los colegios profesionales y los grupos políticos con representación en el Congreso, propuestas sobre una personalidad confiable y ajena por completo al partido de gobierno y al gobierno mismo." El mandatario prometió el involucramiento de la sociedad civil en la tarea de recomendación al cargo y, dada la seriedad con que el Presidente toma sus promesas (como demostró con su insistencia por una pena de muerte), es momento de exigir el cumplimiento y actuar.

Es necesario rememorar que la sociedad civil es la articulación de redes a favor de la ciudadanía en defensa y promoción de sus derechos, y de fiscalización externa del funcionamiento del Estado. Es decir, es un ente derivado de la colectividad que no se manifiesta por vías únicas sino múltiples, con mensajes plurales. Siendo la motivación del Contralor y de su institución la transparencia pública, creemos firmemente que la recomendación de designación y la elección misma deben carecer en todo lo posible de razones políticas que ocasionen el incumplimiento de sus funciones y, para ello, es necesaria -como lo notó en su momento Alan García- la participación directa y el consejo de la sociedad civil.

Las instituciones son como seres humanos. Éstas son criaturas que tienen un propósito, se desarrollan y mueren eventualmente. Al igual que nosotros, también enferman, pero sus males a diferencia de los nuestros son producto de la perversidad pura, pues es a voluntad de quienes la crearon y se beneficia ella. La corrupción como desnaturalización de la función, es la gangrena que hace al sistema transformarse como aquel mito griego en que el hombre próspero es castigado con un hambre eterna, y termina por consumir todo su bienestar culminando con comerse a sí mismo.

La respuesta natural es generar mecanismos de autoprotección. Siguiendo la analogía con el cuerpo humano, es crear ganglios linfáticos generadores de leucocitos, células de defensa. A semejanza, el órgano superior anticorrupción es la Contraloría General de la República, institución que cuenta con las siguientes facultades:

• Tener acceso sin limitaciones a los documentos e información de las entidades, así como requerir información a particulares que mantienen o han mantenido relaciones con las mismas.
• Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes de forma inmediata por el Procurador Público, Procurador del Sector o representante legal.
• Interpretar la normativa del control gubernamental con carácter vinculante, es decir, de seguimiento ineludible.
• Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras que tengan carácter de secreto militar o de orden interno exonerados de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa.
• Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de la obra pública.

Estas prerrogativas que son parte de las 28 que posee (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de Contratación General de la República), demuestran claramente que su razón de ser es la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción derivados del uso indebido de los bienes y recursos públicos por parte de los servidores y funcionarios. Es decir, la coyuntura próxima que es la recomendación y designación del nuevo Contralor, es de decisión sobre el devenir de la lucha contra la corrupción.

La ciudadanía organizada se expresó públicamente el pasado 22 de julio mediante la Carta abierta para el Presidente (ver: Carta), en la que se le recuerda y recalca la importancia y necesidad de una designación transparente y nutrida de probidad. Esto resulta esencial para un correcto funcionamiento del Estado, por tanto, para construir una sociedad fundada sobre el derecho.
(Jose Victor Garcia Yzaguirre)