La presentación del general PNP (r) Ketín Vidal Herrera y del general EP (r) Julio Salazar Monroe, en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori por crímenes contra los derechos humanos, nos permite la posibilidad de hacer un contraste de la intervención de la policía y del ejército en la lucha contrasubversiva, y un breve análisis de la vinculación con las decisiones del Presidente de la República.

Desde el inicio del juicio oral, la defensa de Fujimori ha señalado que parte fundamental de la nueva la estrategia contrasubversiva fue el trabajo policial ejecutado por la DINCOTE. Ha afirmado que las capturas de los mandos senderistas no era otra cosa que la ejecución de esa política. En ese contexto, el testimonio del general Vidal aporta al proceso dos elementos de valoración necesaria. En primer lugar, el hecho que las capturas de los integrantes de la dirección nacional y del propio Abimael Guzmán fueron consecuencia de un trabajo estrictamente policial, fundado en lo que denominan la utilización de la inteligencia operativa.

Durante su presentación, Vidal ha reiterado que ellos, para las capturas y las grandes operaciones policiales contra el terrorismo, jamás recibieron ningún tipo de información o colaboración del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y que tampoco, esas acciones, respondían a los designios o directivas presidenciales.

Asimismo, el general Vidal aporta un elemento sustancial al caso: Fujimori daba órdenes directas y verbales a los jefes policiales. El relato del llamado del Presidente de la República, en 1996, a Vidal Herrera que en ese entonces era el Director General de la Policía Nacional, para que haga declaraciones públicas a favor de Vladimiro Montesinos -en relación a la denuncia del narcotraficante "Vaticano" sobre el pago de coimas al asesor presidencial para que lo deje operar en Campanilla- revelan de manera concreta cómo el Presidente hacía solicitudes (órdenes) que sin ningún problema pueden ser consideradas como ilegales, y que éstas irremediablemente eran cumplidas.

Por otro lado, están las declaraciones del general Salazar Monroe. Este oficial no solo fue instructor de Montesinos en la Escuela Militar, sino que en junio de 1990 recibió de aquél el ofrecimiento de ser Jefe del SIN. A partir de enero de 1991 ejerció tal cargo hasta mediados de 1998, fecha en la que pasó a ser Ministro de Defensa. Si bien formalmente era el Jefe del SIN, el jefe real era Montesinos. Tras la caída del régimen fujimorista, en enero de 2001, fue detenido cuando intentaba fugar del país.

En ese momento, tanto la Fiscalía como los juzgados penales anticorrupción le tomaron diversas declaraciones en relación a los hechos que ahora son materia de los procesos por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. En tales declaraciones Salazar, de manera detallada, dio cuenta de la relación entre Fujimori y Montesinos, la implementación de las decisiones de Fujimori a través del SIN en cuanto a lucha contra la subversión, las órdenes que el SIN recibía del presidente y hasta del manejo de partidas presupuestales secretas (Reserva 1 y Reserva 2) entre el presidente Fujimori y el asesor Montesinos sin que él -siendo jefe del SIN- tenga incumbencia. También declaró sobre el trabajo que Montesinos realizaba para el Presidente de la República.

Ahora en el juicio contra Fujimori, el general Salazar ha dicho que niega esas declaraciones porque supuestamente estaba un poco alterado, ya que se efectuaron en las oficinas de la DINCOTE y además, sobre el asunto del manejo del presupuesto secreto entre Fujimori y Montesinos, ha señalado que eso es un error de tipeo del secretario del juzgado.

Al respecto, vale la pena dar cuenta de un dato elemental. Los abogados que defienden desde el 2001 a Salazar son los mismos que defienden a Fujimori: el estudio Sousa-Nakasaki y todas las declaraciones en las que hizo imputaciones contra aquél siempre la hizo en presencia de tales abogados, el abogado Nakasaki incluido. Es más, esas declaraciones hechas el 2001, fueron ratificadas el 2003 en sede judicial, también con la presencia y control de los abogados de ese mismo estudio.

Hace pocas semanas estas mismas declaraciones han sido utilizadas por la Primera Sala Penal anticorrupción que preside Inés Villa, para condenar al general Salazar Monroe a 35 años en su condición de autor mediato en el caso de la desaparición y asesinato de los 9 estudiantes y 1 profesor de La Cantuta.

La cosa está bastante clara. La defensa de Fujimori ha hecho que Salazar niegue sus propias declaraciones, hechas con todas las formalidades de ley, con el único objetivo -o mejor dicho, deseo- de limpiar a su patrocinado. ¿Tendrá algún valor para el tribunal esta jugada? Si bien la defensa de Fujimori pretende incorporar un elemento procesal formal que sería la negación de una declaración testimonial hecha con anterioridad, lo cierto es que la maniobra ha resultado bastante burda. Además, hace rato los tribunales peruanos ante estas circunstancias han resuelto que valorarán las declaraciones coherentes, veraces y posibles de ratificar con otros elementos de prueba.

Más allá de que las declaraciones de Salazar sean un gesto en defensa del jefe de la organización, y que lo único que garanticen sea la ratificación de su condena, vale preguntarse: ¿por qué la defensa de Fujimori ha ingresado al terreno del evidente ridículo? Nos inclinamos por una razón: la evaluación de que están perdiendo el juicio y, frente a ello, resulta imperioso "hacer algo" para limpiarlo. Ése es su deseo, pero a veces la mentira es más lapidaria que la propia verdad.
(Carlos Rivera Paz)