Queremos dedicar estas líneas a comentar y formular algunas propuestas vinculadas con el Ministerio de Justicia (MINJUS) y su deber de promover el acceso a la justicia. En primer lugar, queremos comentar la reciente creación de la Oficina del Defensor del Justiciable; y, en segundo lugar, brindar algunas apreciaciones respecto al modo en que el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del MINJUS (ver: Plan Estratégico) aborda la barrera de acceso a la justicia referida a la falta de conocimiento sobre los derechos y el modo de ejercerlos.

Oficina del Defensor del Justiciable

Hace unos días, la Ministra de Justicia (MINJUS) anunció la creación de la Oficina del Defensor del Justiciable. De acuerdo con la nota de prensa del MINJUS (ver nota de prensa) "[e]ste Defensor abogará por todos aquellos litigantes que tramitan por largo tiempo sus casos en los juzgados del Poder Judicial y que no encuentran una respuesta en el sistema de Justicia". A mayor abundamiento, la ministra declaró para RPP que la "(.) violación de ese debido proceso, el incumplimiento de los mandatos constitucionales, las denuncias ante la OCMA para que los jueces hagan la labor que la ley les impone, todas ellas tienen que ser atendidas y si no lo son, el Ministerio de Justicia abogará para que todo esto que se cumpla".

Desde nuestro punto de vista estamos ante una medida positiva. Sin embargo, debemos esperar a la creación formal y a la expedición de las normas pertinentes a fin de determinar los alcances concretos de este nuevo servicio que brindará el MINJUS. En efecto, no queda claro cuánta gente trabajará en la defensoría, cuáles serán concretamente sus funciones, cómo se relacionará con el Poder Judicial, si luego se llevará la experiencia a provincias, entre otros. Debemos tener en cuenta que de la nota de prensa se desprende que el MINJUS ayudará a quienes han sufrido ya algún agravio dentro del Poder Judicial. Por ello, el diseño del servicio tiene que ser adecuado y debe existir un buen nivel de coordinación con aquél poder del Estado ya que, caso contrario, el ciudadano obtendrá una doble decepción del sistema. No obstante estas acotaciones y la necesidad de una posterior revisión, consideramos que la idea es positiva.

La barrera de la falta de conocimiento en el Plan Estratégico del MINJUS

En otras oportunidades hemos mencionado (ver: Un gran tema ausente en el discurso de Alan García: La pobreza legal) que las personas que no conocen sus derechos, o los medios estatales y no estatales para ejercerlos, se encuentran en una situación de pobreza legal extrema. Queremos ver, en este acápite, qué plantea el MINJUS para combatir este tipo de pobreza y qué recomendamos sobre el particular.

El MINJUS propone concretamente: i) 12 talleres por año, ii) 48 eventos por año, iii) 5 documentos de difusión al año; y, iv) un total de 9 eventos de difusión del servicio de defensa de oficio en los 4 años que abarca el Plan Estratégico.

Nos parece positiva la aproximación del MINJUS. Sin embargo, creemos que:

i) No basta con el desarrollo de algunos talleres y eventos para combatir un problema tan generalizado y endémico. El modo más ágil y efectivo para abordar el problema en todo el territorio nacional es el diseño de un curso a ser dictado en 4to y/o 5to de secundaria de las escuelas públicas. Se trataría de un curso de derechos humanos desde un enfoque práctico y que aborde en qué consisten los derechos (enfocado principalmente en los derechos que en el contexto concreto se vean más vulnerados), y cómo hacerlos valer (qué mecanismos concretos seguir). La metodología puede ser muy atractiva. Se pueden hacer, por ejemplo, simulaciones de casos, plantear propuestas normativas, realizar visitas a las instituciones del sistema de justicia, entre muchos otros. Nótese, por lo demás, que a nivel interamericano hay mucho desarrollo en el tema. Da cuenta de ello, por ejemplo, la propuesta curricular del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (ver: propuesta), que además se encarga de trabajar con el Estado en el diseño concreto de la misma y en la capacitación de los profesores. Bien diseñado, el curso, entre otros beneficios, aseguraría una base de conocimiento mínimo en la población de menos recursos.

ii) Los talleres y eventos son absolutamente necesarios. Sin embargo, creemos que: a) deben llegar a todo el territorio nacional y abordar los temas más importantes para cada lugar. Para ello, es necesario coordinar con todas las instituciones de la sociedad civil y del mismo Estado que brindan este tipo de servicios (no son pocas), a fin de optimizar esfuerzos. En concreto: trabajar en conjunto, para llegar a todos los lugares y abordar los temas principales. Si el MINJUS, la sociedad civil y el Estado en su conjunto hacen sus talleres y eventos sin coordinar, se puede estar desperdiciando recursos humanos importantes (muchos talleres en determinados lugares y muy pocos en otros), y si los temas son definidos en Lima se puede estar invirtiendo recursos en abordar materias no del todo necesarias. No sería mala idea, entonces, crear un registro voluntario de instituciones, con el fin de optimizar y coordinar esfuerzos. Asimismo, es recomendable que, antes de definir los temas de un evento o taller, se hagan encuestas y entrevistas en el lugar donde se dictarán, de modo que respondan realmente a sus necesidades jurídicas; y, b) el contenido de los talleres y la metodología utilizada deben ser óptimos. Ya hemos visto que con PRONELIS el tema del contenido no estuvo del todo bien, y que quienes dictaron los cursos eran alumnos que no fueron preparados suficientemente. Por ello, debe existir una preparación de quienes dictan en temas como pedagogía y metodologías de enseñanza (metodología activa, sobre la base de casos, en una relación de confianza, entre otros). Además de ello, los contenidos deben ser prácticos.

iii) Debe haber difusión en los medios: páginas web, radio y televisión. Como comprenderán, por citar un ejemplo, 9 eventos en 4 años no logran que la población sepa qué es y cómo se puede usar el servicio de la defensa de oficio. El MINJUS tiene en su página web un link de "servicios al ciudadano" que está bastante bien, pero que podría mejorar en cuanto a contenido y, sobre todo, difundirse para que la población sepa que existe. En cuanto a la radio, se pueden crear programas que desarrollen determinados derechos por días: un día todo lo relacionado con sucesiones, al día siguiente divorcio, y así paulatinamente. Lo mismo se puede hacer desde la televisión. Recordemos que el Estado tiene su propio canal.

iv) ALEGRA no debe limitarse a dar servicios legales. La experiencia de las Casas de la Justicia en Colombia da cuenta de cómo, además de estos servicios, se pueden tener funcionarios (un abogado y un sociólogo, por ejemplo) encargados de desarrollar y dictar talleres y eventos de difusión en la comunidad donde operan. Los beneficios son los siguientes: a) la gente que trabaja en estos lugares sabe mejor que nadie cuáles son las necesidades de la población, b) de este modo se difunde la existencia del ALEGRA; y, c) se crea un clima de confianza entre la gente del lugar y el ALEGRA. Por lo demás, ello exoneraría al MINJUS y a la sociedad civil de trabajar en los lugares donde operan estos centros.

En resumida cuenta, si existe un curso a nivel de escuelas públicas, se dictan talleres bien preparados en todo el territorio nacional, se difunde la información debidamente y el Estado establece relaciones de confianza con la población, consideramos que se podrá reducir significativamente la pobreza legal en nuestro país.
(Fernando del Mastro Puccio)