| Y continúan las secuelas de un cuestionable fallo. Esta semana se informó que la jueza del noveno juzgado contencioso-administrativo, Alicia Salinas Larriviere, anuló su propia resolución de ascender a un policía de coronel a general. Según medios de prensa, esta decisión habría sido tomada debido a la suspensión provisional que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) le impuso a la magistrado, mientras investiga el tema (La República, 05/06/08).
Junto a esta medida, también se hizo pública la apertura de un proceso disciplinario contra el juez suplente Alfredo Rojas Cubas del tercer juzgado contencioso-administrativo de Lima. Según la OCMA, la medida se adoptó por la gravedad de los cargos contra ambos jueces (Rojas Cubas y Salinas Larriviere), que tramitaron demandas de reincorporación y ascenso de oficiales de la PNP y el Ejército (El Comercio, 07/06/08).
En el sonado caso de la magistrada Salinas, la OCMA indica que ésta habría tenido presunta inconducta funcional al: (i) haber ordenado la reincorporación y ascenso de suboficiales y oficiales de la PNP y Ejército, (ii) haber desconocido atribuciones del Presidente de la República prescritos en el artículo 172 de la Constitución, y (iii) tener participación en la redirección a su juzgado de 16 casos más, relacionados a los mismos hechos (ver: Resolución Nº 6012-A-2008, 05/06/08). Mientras que en caso del juez suplente, Rojas Cubas, el principal cargo que pesa sobre él es: haber ordenado el ascenso de un coronel del Ejército, sin que se lo hubieran solicitado en la demanda (ver: Resolución Nº 6542-2008, 06/06/08).
Junto a ello, las críticas a la Ministra de Justicia por su inusitada visita a la OCMA para hacer seguimiento a estos casos, siguen causando revuelo. Ciertamente, su participación pudo ser menos llamativa, con eso se evitaban suspicacias infundadas. Hay que recordar que en el caso de la independencia judicial, hay un criterio importante: no sólo basta ser independiente, sino también parecerlo. Sin duda, la actitud de la doctora Rosario Fernández no ayuda a mantener dicha premisa dentro de este órgano de la magistratura. No es común que una Ministra visite una institución autónoma, en esos términos nada protocolares.
Finalmente, un punto central por el que se llegó a este escándalo es la inexistencia de una carrera de ascensos imparcial dentro de los órganos policiales y militares. Quizá el problema se hubiera evitado de existir un proceso de ascenso netamente objetivo, o con un mínimo de subjetividad. Esta última característica dentro de todo proceso de selección es la que ocasiona la emisión de decisiones arbitrarias, y por ello el lógico reclamo de los afectados. Por esto, la paulatina objetividad que en el proceso de selección de magistrados y magistradas que se ha alcanzad en el Consejo Nacional de la Magistratura es un importante ejemplo que deberían seguir la PNP y el Ejército.
(Lilia Ramírez Varela) |