Definitivamente, los avances en cuestión de Justicia Transicional, entendida como un conjunto de medidas dirigidas a superar un estado de conflicto o violencia -y no solo como acciones relacionadas con actividad jurisdiccional-, en general, han estado guiados por vientos favorables en la región[1] . En el caso peruano, el desarrollo de ésta es particularmente resaltante gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad y, en general, de las actividades realizadas por la sociedad civil, esfuerzos que entre otros, han logrado conjugar "verdad y justicia".

En efecto, el Perú ha logrado judicializar un número significativo de casos, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, esta lucha se encuentra constantemente enfrentada con trabas institucionales o de otra índole que no permiten avanzar tanto como en realidad pudiera hacerse.

En ese sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos presentó este viernes 13 de junio su Informe Anual correspondiente al año 2007 (ver: Informe). Y, si bien el citado documento contiene un conjunto de temas de primordial relevancia, en el presente texto nos concentraremos a comentar brevemente las partes más resaltante relacionadas con justicia.

Así, en su primer capítulo el Informe nos presenta un panorama sobre el desarrollo del subsistema judicial de protección de derechos humanos que, como ya se mencionado, fue progresivamente disminuido: con la desnaturalización de las salas y fiscalías dedicadas a ver exclusivamente estos temas (se les asignó, adicionalmente a las pendientes de violación de derechos humanos, causas tributarias, aduaneras o de propiedad intelectual), o el retraso excesivo en la etapa de investigación preliminar correspondiente al Ministerio Público, constituyendo una vulneración adicional a las que se pretende investigar.

El avance logrado con la implementación del subsistema es indudablemente positivo y representa un gran paso. Existen sentencias que lo demuestran (Chuschi y Lucanamarca), pero son escasas en relación con el número de casos presentados por la Comisión de la Verdad, lo cual hace indudable también que   ha medida que pasa el tiempo las instituciones estatales se muestren cada vez menos motivadas para asumir responsabilidades efectivas. Justamente estas trabas institucionales conllevan a que el Informe se pronuncie en su cuarto capítulo sobre los avances de la Reforma Institucional en materia de justicia, no solo a nivel de instituciones formales, sino a un nivel más descentralizado y rural como al examinar la Justicia de Paz, las rondas campesinas o los comités de autodefensa. De igual forma, resalta el desarrollo dentro de este capítulo de las propuestas educativas en relación con la difusión y promoción de los derechos humanos, así como las perspectivas interculturales que esto conlleva.

En ese mismo sentido, el Informe hace un sucinto análisis sobre el desarrollo e importancia del proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori y el posterior proceso judicial, el cual viene siendo comentado en detalle a través del portal institucional del Consorcio Justicia Viva.

En suma, a través de este pequeño texto hemos intentado plantear un alcance general del tema de la justicia presentado por el Informe, sin perjuicio de la importancia de los demás temas presentes en el mismo. Sin duda, para mejor acercamiento se recomienda hacer un estudio completo del referido documento, que es además, de indispensable lectura.
(Aarón Verona Badajoz)

[1] Documento Nº 3, Impunidad y DDHH en América Latina: análisis en base al caso Argentino, 2007.