En un anterior artículo habíamos comentado el inicio de las declaraciones del general EP (r) Julio Salazar Monroe, en el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a derechos humanos. Efectivamente, lo que se había apreciado en sus dos primeras presentaciones era la materialización de una estrategia de negación de sus declaraciones hechas a partir del año 2001, tanto a nivel de la investigación preliminar en el Ministerio Público como de las realizadas en los juzgados anticorrupción.

Lo que decíamos era que, más que una estrategia, resultaba ser una burda maniobra que solamente pretendía realizar un acto de defensa tardío de parte de Salazar a favor de Fujimori, incorporando un elemento procesal formal que sería la contradicción de sus propias declaraciones con el deseo de invalidar aquellas que, con todas las garantías que la ley establece, habían sido realizadas hace pocos años.

Ciertamente es válido interrogar si esa maniobra finalmente tendrá algún valor para el tribunal al momento de valorar lo escuchado en el juicio oral, pero frente a ello debemos ser muy claros al afirmar que eso no puede tener valor alguno ni en éste ni en ningún proceso judicial. ¿Eso lo sabe la defensa de Fujimori? Estamos seguros que sí.

Pero si esto lo sabe la defensa de Fujimori, ¿por qué insistir en lo que claramente aparece -frente a los ojos de todo el Perú- como el mayor ridículo judicial de los últimos tiempos? Todo indica que frente a la cantidad y contundencia de pruebas que se ha logrado acumular a lo largo del proceso judicial, el margen de maniobra de la defensa de Fujimori es realmente nulo y por esa razón en la etapa final de la presentación de los testigos ha optado por esta estrategia, la misma que solo encuentra su razón de ser en la lógica y necesidad de defender al Jefe que -para ellos mismos- está a punto de ser condenado.

Esto en realidad habla muy bien del proceso judicial y del rol que ha cumplido la fiscalía y la parte civil, porque pone en evidencia que han logrado sustentar la acusación con pruebas sólidas y suficientes para demostrar la responsabilidad penal de Alberto Fujimori.

Todo esto ocurre en un momento crucial del proceso penal. Lo que ahora se está demostrando es el rol protagónico que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres tuvieron en el manejo de la política contrasubversiva desde inicios de 1991, como instrumento de las decisiones del entonces presidente de la República Alberto Fujimori. Por más que el general levante la voz cuando responde a la pregunta "¿quién era el Jefe del SIN?", las evidencias presentadas y comentadas en el juicio demuestran contundentemente que el verdadero jefe era Montesinos y el que tomaba las decisiones por encima de Salazar.

El SIN se consolidó como un poder de facto, en el que Salazar durante 8 años fue una pieza decorativa, que muy tempranamente terminó sometiendo a los aparatos de inteligencia como el Servicio de Inteligencia del Ejército y la propia Dirección de Inteligencia del Ejército, y que fue el instrumento a través del cual Alberto Fujimori implementó e impulsó la llamada nueva política contrasubversiva en la que justamente los aparatos de inteligencia pasaron a ocupar un lugar y posición de privilegio. Y es en ese escenario que se construyó y consolidó una relación de poder entre el asesor Montesinos y el entonces Presidente de la República, la misma que llegó a tener un rango de intervención casi absoluto que colocó por debajo de ellos a los propios comandantes generales de los institutos armados.
(Carlos Rivera Paz)