| ¿Sabe o recuerda quién es Telmo Hurtado? El 14 de agosto de 1985, durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990), el entonces subteniente del Ejército peruano Telmo Hurtado perpetró uno de los crímenes de lesa humanidad más atroces que se recuerdan en el conflicto armado interno que padeció nuestro país: al mando de una patrulla militar, ingresó al pequeño poblado ayacuchano de Accomarca, encerró en un local comunal a 69 personas (entre ellos, 27 mujeres y 30 niños) y los asesinó. Tal fue la indignación que causó este hecho que el propio Gobierno de García condenó el mismo -al menos oficialmente- y el Parlamento de entonces formó una comisión investigadora que logró interrogar a Telmo Hurtado, quien ante dicha comisión oficial justificó el asesinato de niños bajo el demencial argumento que podrían convertirse -de adultos- en potenciales terroristas.
Lamentablemente, por esos años la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos eran moneda corriente y la inicial indignación pública no se tradujo en proceso judicial independiente ni menos aún en sanción ejemplar y durante mucho tiempo no se supo nada del tristemente célebre sub-teniente Hurtado. Ya durante el régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000), una investigación periodística de la revista Ideele dio a conocer que Telmo Hurtado no sólo no había sido sancionado ni menos aún expulsado del Ejército, sino que inclusive había sido ascendido y que en ese entonces ostentaba el rango de mayor del ejército peruano y prestaba servicios en la sexta región militar. Ante el escándalo, el régimen anunció su expulsión del Ejército. y nada más. Por eso, la revista Ideele lo bautizó acertadamente como "Hurtado el mago", pues "se quedó en el ejército catorce años, ascendió a mayor y nadie lo supo" (Revista Ideele, Nº 119 ).
Años después, y caído el régimen de Fujimori y Montesinos, el 30 de marzo del 2007 se le ubicó a Telmo Hurtado en Florida (Estados Unidos), donde se había refugiado. Las autoridades americanas lo detuvieron inicialmente por vulnerar leyes de inmigración. Así, una vez identificado y detenido, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), en representación de dos sobrevivientes de la masacre de Accomarca, lo demandó ante la justicia norteamericana para que -independientemente de la extradición y del proceso penal que tendrá que enfrentar en nuestro país- pague una indemnización por los graves daños que ocasionó.
El último capítulo de esta historia es que esta semana se ha dado a conocer que el juez del Tribunal del Distrito Federal de Miami, Adalberto Jordan, sentenció que Hurtado pague a los sobrevivientes de la masacre, Teófila Ochoa Lizarbe, Cirila Pulido Baldeón y otros, la suma de 37 millones de dólares americanos, por los daños y perjuicios que padecieron (ver: sentencia). En la sentencia el juez Jordan señaló que "como regla general una vida humana no puede estar sometida a una valoración económica. De hecho, asignarle una cantidad económica amenazaría con abaratarla dado lo obviamente inadecuado que esto es, al igual que ocurre con el sufrimiento humano. Sin embargo y con el fin de señalar daños y perjuicios, es todo lo que esta corte puede hacer". El pasado 11 de febrero, Telmo Hurtado compareció ante la Corte por orden judicial vistiendo grilletes y se negó a participar en la audiencia invocando su derecho a no testificar; también se negó a escuchar el testimonio de las sobrevivientes.
Sin duda es una sentencia muy importante por varias razones. Primero, por que demuestra, una vez más que, tarde o temprano, la verdad se impone y las víctimas de crímenes de lesa humanidad son reconocidas y el daño sufrido reparado, al menos económicamente. Segundo, porque es un gran impulso a la extradición o expulsión que ahora debe esperarse del lado de las autoridades norteamericanas. Tercero, porque sin duda esta decisión judicial es un precedente importante al proceso judicial que espera a Telmo Hurtado ante los tribunales peruanos.
En relación al significativo monto de la indemnización, es de destacar que es muy superior al que podrían haber dispuesto el sistema judicial peruano e, inclusive, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, dicho sea de paso, desde las filas del fujimorismo siempre fue criticado por disponer "jugosas" o "cuantiosas" indemnizaciones entre 100,000 y 200,000 dólares americanos aproximadamente, a favor de víctimas o familiares en los casos La Cantuta, Barrios Altos, Castillo Páez y otros. ¿Qué dirán ahora esos mismos críticos de la Comisión y de la Corte interamericanas? ¿Seguirán sosteniendo acaso que las indemnizaciones dispuestas por el sistema interamericano son excesivas frente a los 37 millones de dólares dispuestos por la justicia norteamericana? Son preguntas que deberían responder los voceros del fujimorismo.
(David Lovatón Palacios) |