Uno de los temas que se debate entre los especialistas en justicia de paz y justicia comunal es: ¿cuál es la forma más apropiada que debiera seguirse, para realizar la capacitación de dichos operadores y de magistrados en temas de jurisdicción comunal o indígena? Dicho de otro modo, se plantea si de lo que trata esta capacitación es, en el caso de los jueces de paz, trasmitir conceptos normativos de mera aplicación de la ley o, más bien, promover un diálogo intercultural que sobre la base del respeto a los derechos fundamentales fortalezca las expresiones colectivas arraigadas en nuestro país, sea a través de los jueces de paz o de las autoridades comunales y ronderas y que permita un mejor acceso a la justicia.

Precisamente, uno de los países donde este debate ha avanzado de modo interesante es Colombia. Aquí, la propia Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (el equivalente a nuestra Academia de la Magistratura), asumiendo el liderazgo en estos temas, ha elaborado módulos de capacitación intercultural sobre Derecho Indígena y un Plan Nacional de Formación y Capacitación para Jueces de Paz. En el primer caso, se trata de lograr que los administradores de justicia conozcan los dos sistemas de justicia existentes, tanto el estatal como los indígenas, de modo que puedan crearse canales de coordinación que permita el óptimo funcionamiento de los mismos, en beneficio de los usuarios.

En el segundo caso, se trata de responder a las necesidades de cada comunidad en los lugares donde existen jueces de paz que, en el caso colombiano, funcionan desde el año 2000. Así, el programa de formación aborda ejes temáticos como equidad, derechos fundamentales y conciliación.

Recientemente, a raíz de la visita de la Directora de dicha Escuela Judicial, Gladys Virginia Guevara, fue posible indagar e intercambiar puntos de vista sobre lo que en Colombia se viene realizando y cómo es que podrían aprovecharse las experiencias que ya se han desarrollado, y que en el caso peruano, ha estado básicamente promovido por organizaciones de la sociedad civil y, recientemente, desde la Defensoría del Pueblo.

Sobre el tema, encontramos aún en nuestro país un débil desarrollo estatal. Se carece, desde las instancias de justicia, de una pedagogía de la capacitación que permita a los magistrados entender debidamente cómo se incorporan los valores comunales al momento de resolver conflictos por los jueces de paz y las autoridades indígenas. Lo contrario, llevaría a que los magistrados desautoricen indebidamente este tipo de jurisdicción, e incluso sancionen a sus operadores. Creemos, entonces, que corresponde a entidades como la Academia de la Magistratura y el propio Poder Judicial ser proactivos en este sentido.
(Javier La Rosa Calle)