| Si bien el Informe final del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU con los resultados oficiales obtenidos por el Perú, serán aprobados y publicados aproximadamente en el mes de julio, las informaciones contenidas hasta el momento en los medios de prensa, las recomendaciones preliminares efectuadas por el CDH y la nota de prensa emitida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) el pasado 13 de mayo (ver: Nota de prensa), nos advierten que dichos datos no serán del todo agradables para nuestro país.
Como señalamos anteriormente (ver: La próxima evaluación del Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), el Perú integró el segundo grupo de países que durante el mes de mayo debía ser sometido al Examen Periódico Universal (EPU). Así, el pasado 6 de mayo la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, presentó el Informe ante el CDH en la ciudad de Ginebra.
De este modo, los países examinadores emplearon como insumos para la evaluación, el Informe enviado por el Perú al Alto Comisionado de la ONU el 3 de abril y los informes remitidos por la sociedad civil, como los presentados por la CNDDHH el 25 de enero y el 5 de mayo, siendo este último el que de manera clara y contundente alertó al CDH de la situación de retroceso de derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, de la lectura a los informes formulados por el Estado peruano y la CNDDHH, ¡claramente parecía que ambos describían la situación de derechos humanos de dos países totalmente diferentes
Y para muestra, un botón. De las omisiones realizadas por el Perú en su informe, dos fueron las más delicadas: la existencia de campañas mediáticas en contra de las ONGs defensoras de derechos humanos y los 78 casos registrados de hostigamiento y amenaza contra estos defensores, así como la total omisión de la problemática de la justicia militar; puntos que sin duda sí abordó el Informe presentado por la CNDDHH.
Y precisamente, según el Comunicado emitido por la Coordinadora, estos dos puntos son algunos de los que el CDH ha abordado en las Recomendaciones preliminares que ha formulado para el Perú, pues ha señalado claramente "que la justicia militar es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" y, a la vez, "expresó preocupación por la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, instando a la implementación de un sistema de protección de testigos, defensores legales, periodistas, etc., en casos relacionados a violaciones de derechos humanos, así como el compromiso de brindar protección antes actos de intimidación y hostilización a la sociedad civil". Asimismo, la necesidad de "acelerar el proceso de implementación de las recomendaciones de la CVR en lo relacionado a las reformas institucionales y la protección de los grupos vulnerables a causa de la violencia y fortalecer la independencia judicial", fue otra de las recomendaciones efectuadas por este órgano internacional.
De todo lo ocurrido, consideramos que las principales fallas cometidas por el Perú en este examen son: (i) haber enviado el Informe a Ginebra sin una previa consulta a la sociedad civil (posteriormente se convocó a una reunión, pero cuando ya no había nada que hacer), (ii) la total falta de compromiso de las autoridades -pues los funcionarios de Torre Tagle no son los únicos involucrados en la elaboración del Informe- y (iii) la campaña iniciada por el MINJUS en contra de las ONGS defensoras de derechos humanos; y serían los principales motivos de la calificación que nos imponga el CDH.
(Gabriela Ramírez Parco) |