| Las perspectivas en la región para reivindicar a las víctimas por la vulneración de derechos humanos, el juzgamiento de los responsables de éstas y el reconocimiento de la existencia de un pasado que si bien no debe volver a repetirse, fue real; toman cada vez un mejor cariz para evitar la impunidad de los infractores y reivindicar a las víctimas en los países de América Latina (ver: Impunidad y DDHH en América Latina: análisis en base al caso Argentino).
Es en este contexto que, el lunes 26 de mayo, la justicia chilena dictó una resolución con la que se inicia un proceso que bien podría calificarse de histórico. Se ordenó la notificación de procesamiento a 98 ex represores del régimen de Pinochet, entre ellos ex miembros de la Dirección de Inteligencia (DINA), policía secreta de la dictadura chilena; los cuales responderían por el secuestro y desaparición de 42 de las personas detenidas entre 1974 y 1975 en el marco de la ya conocida "Operación Colombo", tristemente famosa por la elaboración de un plan que produjo la desaparición de 119 militantes opositores al régimen y el encubrimiento de los actores de estos hechos.
La magnitud de esta noticia es más que clara, no solo por las circunstancias en las que se da: procesos similares en Argentina y Perú -por poner unos ejemplos- o el hecho de que la Ley de Amnistía chilena aún mantiene su vigencia; sino también, por los hechos materia del eventual proceso.
Como ya hemos mencionado, las víctimas de los hechos imputados forman parte las pertenecientes a la "Operación Colombo" ejecutada por la DINA, cuyo ex director (el ex general Manuel Contreras), entre otros, se encuentra ya en prisión, y por la cual el ex dictador Augusto Pinochet fue procesado. Asimismo, dicha operación se llevó acabo dentro de un plan mayor, el "Plan Cóndor", que involucraba a la mayoría de países de la región en aquella época. No olvidemos que parte de las actividades de la "Operación Colombo" se dieron en Argentina y Brasil, países en los cuales se editaron diarios (LEA y O'Día, respectivamente) específicamente para encubrir los verdaderos hechos de las 119 desapariciones.
Es importante mencionar que el proceso, siendo de tal envergadura, es susceptible de presión a causa de posibles intereses políticos y privados. Además, resulta necesario añadir que el juez Víctor Montiglio ha sido centro de controversias debido a fallos anteriores, en los cuales aplicó la Ley de Amnistía para procesados en el caso "Caravana de la Muerte", y recalificó la figura penal de secuestro que se imputaba por la de homicidio, abriendo así la posibilidad de la prescripción como argumento de la defensa.
(Aarón Verona Badajoz) |