| En un importante hecho que involucra a toda la corporación judicial, la semana pasada se reunión en Arequipa la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú para elegir a su nuevo representante ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), uno de los órganos de gobierno de este poder del Estado.
Todos debemos recordar que el cargo se encontraba vacante luego que la propia Junta de Decanos, reunida en Huancayo el 28 de marzo pasado, removió de su cargo a su representante, luego que se descubriera mediante un informe periodístico que habría recibido dinero de una empresa cuzqueña que tiene procesos judiciales con el Estado, lo que éste intentó justificar señalando que el dinero era para pagar a abogados recomendados por él. Frente al escándalo producido, fue necesario adoptar esta drástica decisión, en aras de no mellar la credibilidad de los abogados.
En Arequipa, en una decisión ejemplar se ratificó el acuerdo de no renovar la confianza a su anterior representante y se eligió al Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Enrique Rodas Ramírez, por mayoría de la casi totalidad de asistentes (20 de un total de 26 decanos).
A partir de ello los abogados tienen nuevamente un representante en el CEPJ, conforme lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y porque, dada las atribuciones de este colegiado, corresponde a la sociedad civil tener participación directa en las decisiones que sobre el Sistema de Justicia se tomen, que no solo atañen a los jueces sino a toda la ciudadanía.
Son varias las expectativas que se tiene sobre el recién elegido Dr. Rodas Ramírez, quien en sus primeras declaraciones (Ideeleradio, 28/06/08) ha enfatizado su independencia y su compromiso con las necesidades más urgentes de los usuarios del Poder Judicial. Confiamos que cumplirá estos objetivos, y esperamos que permanentemente coordine con las diversas organizaciones y gremios de la sociedad civil las diversas propuestas que permitan reformar al Poder Judicial.
Creemos que entre los temas que debieran priorizarse está precisamente el de la reforma y su impacto en la ciudadanía, aspectos últimamente poco atendidos que merecerían ser revitalizados. Temas como el sustento técnico de las tasas judiciales, mayor transparencia de las decisiones administrativas del Consejo Ejecutivo, lucha contra la corrupción judicial, medidas para mejorar el acceso a la justicia, etc., deberían ser puntos urgentes de la agenda.
(Javier La Rosa Calle) |