Hace dos años se creó la Procuraduría Pública Anticorrupción Ad Hoc, para la investigación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, que hayan ejercido su cargo entre el 2001 - 2006, y posteriormente extendido al periodo 2006 - 2011. El nacimiento de esta oficina estuvo rodeado de una serie de críticas respecto a la real necesidad sus funciones, en cuanto al hecho que se formara una oficina especializada para fiscalizar un régimen democrático que podría investigarse mediante mecanismos regulares (Ideeleradio, 06/09/06), y la controvertida idoneidad del funcionario a su cargo.
En los dos años de vida de la Procuraduría, Gino Ríos Patio, ex-procurador ad hoc, ha sido el centro de un conjunto de críticas y denuncias públicas en relación tanto por su gestión, como por sus antecedentes profesionales. Recordemos por ejemplo, la investigación que se le llevaba a cabo por presuntas irregularidades durante su labor en la Fuerzas Armadas del Perú (FAP) durante la época fujimorista (La Republica, 12/10/06), y que se dio a conocer al inicio de sus funciones. De igual forma, recordemos las acusaciones de plagio, que el mismo reconoció, aunque como un “error”; así como la acusación hecha por el programa televisivo Cuarto Poder, en relación al uso de recursos y personal de su despacho para diligencias personales, y que también asumió, aunque las justificó.
En ese sentido, y teniendo en cuenta esta cuestionada labor, se ha nombrado el pasado 1 de noviembre a Jorge Luis Caldas Malpica como nuevo procurador anticorrupción. Al respecto, no se puede dejar pasar el hecho de que si bien todo cambio representa un nuevo “periodo”, el contexto en el que este se da, exige de forma particular una labor que garantice una imagen de integridad y seriedad en las investigaciones que se lleven a cabo. Los recientes escándalos de corrupción, a pesar de no estar relacionados con las actividades de la Procuraduría, no dejan de influir en la percepción institucional que tiene la población, y que se concentra en gran medida en la actividad de los funcionarios sobre los que sí tiene competencia.
Al respecto, hay que tomar en cuenta que se ha resaltado que el nuevo procurador no es militante político de ningún partido, lo cual es relevante considerando la naturaleza de las investigaciones a su cargo (funcionarios de dos gobiernos partidarios). Vale la pena mencionar además, que si bien el Primer Ministro había sugerido una convocatoria, esta no se llevó a cabo ya que como lo mencionara el Viceministro de Justicia Erasmo Reyna, la designación es potestad del Ministerio de Justicia. Sin embargo, hay que mencionar que convocatoria y designación no eran incompatibles, y más bien, hubieran significado un elemento político legitimador dentro del contexto mencionado.
En todo caso, las expectativas que genera este nuevo nombramiento son altas, y es necesario seguir el desempeño de estas funciones y la gestión institucional que se inicia.
(Aarón Verona Badajoz)