Es realmente lamentable que una de las más altas autoridades del sistema de administración de justicia, como lo es la Ministra Fernández, se tome a la ligera algo tan central como es la reforma procesal penal, al proponer que la aplicación del nuevo modelo comience de inmediato en Lima para los casos de corrupción.
Hemos dicho ya reiteradas veces que comenzar a aplicar el nuevo modelo supone la adopción y ejecución de un plan de acción serio, que incluya aspectos como: infraestructura y tecnología moderna, capacitaciones a fondo en temas teóricos y prácticos, nuevo personal administrativo capacitado, cambios a nivel de organización y gestión, niveles altos de coordinación y acuerdos entre los actores del sistema, entre otros.
Estos aspectos no son fáciles de implementar; no se trata de decir: “comencemos” y dar por hecho que todo está listo para ello. Estamos, en efecto, ante un cambio de mentalidad y una modificación casi absoluta de las normas y criterios que por muchos años han utilizados los operadores del sistema. Cambiar requiere, entonces, de planificación, esfuerzo y tiempo.
Ello más aun cuando estos aspectos deben abordarse en todas las instituciones vinculadas, como lo son el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría de Oficio y, sobre todo, la Policía, que cambia de modo sustancial sus funciones, dejando la investigación del delito en manos del fiscal. ¿Acaso eso se puede lograr de inmediato porque la Ministra se ha enterado que algunos casos se resuelven rápido? No. Nosotros sabemos (porque lo hemos visto) que el nuevo modelo genera problemas y tiene altos riesgos si no hay preparación; riesgos que aumentan en distritos judiciales complicados y numerosos, pero aparentemente esto es poco relevante para la Ministra y eso preocupa.
Para que se puedan dar cuenta del problema.
En febrero de este año se adelantaron las fechas, el fin de la entrada en vigencia sería en el 2013 y se paso al 2010. Una consecuencia muy concreta de la que dimos cuenta en aquella oportunidad (Ver:
Una nueva modificación del cronograma de aplicación del NCPP que preocupa)
“Si Huánuco tenía programado aplicar en Nuevo Código Procesal Penal en el 2012, ¿podrá hacerlo de modo adecuado a mediados del próximo año?” Y ahora agregamos: Huanuco tenía 4 años, en teoría debería haber tenido un plan para comenzar adecuadamente en ese lapso. Sin embargo, de modo arbitrario se le dice: comienzas en unos meses.
En caso de Lima es ahora también muy elocuente:
Al Distrito Judicial de Lima se le dijo en febrero: ya no comienzas en el 2013 sino en el 2010. Con ello, nuevamente en teoría, se les adelantó su plan en tres años sin ningún tipo de previsión o conocimiento del fondo del tema. ¿Qué pasa ahora? Se les quiere decir: “Ya no a fines del 2010 sino ahora mismo”.
Es francamente preocupante el nivel de irresponsabilidad que se demuestra. Los operadores vinculados con el tema anticorrupción (que son, en el Distrito Judicial de Lima, muchos) ¿se han estado preparando? ¿Conocen el nuevo modelo? ¿Se cuenta con la infraestructura y la tecnología? ¿Ha operado un cambio de mentalidad? ¿Están diseñados los nuevos sistemas administrativos y organizacionales? ¿Existen niveles de coordinación que permitan evitar problemas entre los actores del sistema? Como hemos dicho, todo esto toma tiempo y es lamentable que no se tenga en cuenta.
Hay que sumar, claro está, que no se está respetando la lógica de la progresividad, esto es, aprender de los errores de quienes ya comenzaron la aplicación. El único distrito que tiene un balance es Huaura y las recomendaciones allí planteadas no han sido tomadas de modo significativo por el resto de distritos judicial.
A todo esto, finalmente, debemos agregar lo más preocupante de todo: no hay información sobre cómo se están preparando los distritos judiciales. Como ya hemos dicho (ver: Balance de la Aplicación del NCPP a nivel nacional: Corriendo sin información) salvo el Ministerio Público (en algunos casos como el de Arequipa), el resto de instituciones no cuenta con planes o al menos no son públicos. Así, no solo se corre en la aplicación de modo irresponsable sino que se corre en arena movediza y en la oscuridad.
Dicho esto, desde nuestro punto de vista, es difícil pensar que la Ministra no comprenda que su impulso por acelerar la aplicación es equivocado y altamente riesgoso. Si tenemos razón, entonces, cabe preguntarse ¿por qué ella y el Presidente quieren comenzar de inmediato en Lima? ¿Por qué en temas de corrupción y no en otros delitos también muy importantes? Quizá sea para cambiar la percepción de la población respecto del vínculo entre el gobierno y la corrupción. Sería ideal, sin embargo, que esa percepción se cambie sobre la base de la realidad y no a costa de uno de los más importantes cambios en la historia de la administración de justicia en el Perú.
(Fernando Del Mastro Puccio)