El día 23 de octubre, en el marco del 133º periodo de sesiones, el Instituto de Defensa Legal (IDL) se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar a esta instancia internacional sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país. La reunión se llevó a cabo en su sede de Washington D.C. Estuvieron presentes el director del IDL, David Lovatón Palacios y el periodista y Director de Ideeleradio, Glatzer Tuesta Altamirano; y se contó con la presencia de los representantes del Estado peruano, el Viceministro de Justicia, Erasmo Reyna Alcántara y el representante del Ministerio de Relaciones exteriores, Augusto Bazán Jiménez.
IDL no pretendió sostener que en la actualidad no existe libertad de expresión en el país. Sin duda la hay, sobre todo si comparamos la situación de hoy con la del fujimorato. Pero se indicó que han surgido nuevos riesgos que se ciernen -cada vez más peligrosamente- sobre la libertad de expresión en el Perú, y que conviene -o debería convenir- a todos (gobernantes, sociedad civil y periodismo) conjurar a tiempo. Se señaló en esta audiencia que, luego de dos años de gobierno del presidente Alan García, existe preocupación de que en ese lapso de tiempo haya estado caracterizado por un clima de creciente intolerancia del Presidente y de su equipo de gobierno con las expresiones ciudadanas de discrepancia y de crítica a sus políticas; ciertamente la designación de Yehude Simon como Primer Ministro puede suponer un cambio en dicho clima de intolerancia pero ello aún está por verse.
En dicha sesión, especial atención merecieron las amenazas y riesgos crecientes que deben enfrentar, por un lado, periodistas independientes y medios de comunicación en el desarrollo de su labor informativa o de investigación, y, por otro lado, defensores de derechos humanos, ecologistas e instituciones de la sociedad civil que, por sus posiciones y declaraciones públicas, son objeto de la intolerancia gubernamental y, hasta en algunos casos, de medidas administrativas o parlamentarias intimidatorias (a través de APCI, por ejemplo). En síntesis, se advirtió a la CIDH del preocupante estrechamiento de los espacios democráticos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país en lo que va del Gobierno aprista (ver: Revista Ideele: Libertad de expresión en el Perú: En La Mira de la CIDH).
Así también se denunció casos puntuales en los que, partiendo de la intolerancia gubernamental hacia el que piensa distinto, en algunos casos se ha llegado a situaciones de hostigamiento y abierta persecución contra personas, periodistas e instituciones (ONG’s o representantes de la sociedad civil) que tienen capacidad de incidencia pública.
El IDL, en dicha audiencia, consideró que el clima de intolerancia política que vive el Perú podría suponer la violación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde un enfoque atípico y utilizando un concepto amplio de libertad de expresión. Ello en tanto el artículo 13 establece la relación directa entre el ejercicio pleno de las libertades de expresión, opinión y acceso a la información con el concepto de democracia.
Así también se expuso la situación de la libertad de prensa: problemas en la labor de los medios de comunicación, y de los periodistas en nuestro país. Sobre esto se indicó que según el informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) del Perú, del año 2007, 121 agresiones contra la libertad de prensa han sido reportadas a IPYS, entre enero y diciembre de este año. Es decir, diez agresiones al mes. Según esta institución preocupa que, a pesar de las condiciones democráticas del país, la cifra vaya en aumento: en el 2004, el IPYS publicó 73 notas sobre agresiones contra la prensa. En el 2005, 60; y 96 en el 2006. Mientras que a octubre del 2008, el nivel de denuncias por agresiones a la libertad de prensa no han disminuido, sino que aún sin haber terminado el año, se han reportado 93 casos de ataques a la libertad de prensa por: amenazas contra periodistas (28), agresiones (30), atentados contra medios de comunicación (1), intentos de asesinato (3), detenciones irregulares (4), e incluso el despido arbitrario de una periodista del canal del Estado, entre otras agresiones.
A su vez, los Comisionados mostraron especial interés y preocupación por los casos específicos que afectan a los periodistas, así como por las auditorías realizadas por la APCI a algunas instituciones. Respecto a este último punto, el Estado peruano señaló que no se utiliza a la APCI como instrumento de persecución y narró detalladamente su procedimiento a modo de defensa.
Por último, la reunión finalizó con el compromiso de una inminente visita de la Relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, al Perú, dado que la petición hecha por el IDL fue aceptada y respaldada por el Estado peruano. Ahora estamos a la espera de su visita, gran oportunidad para introducir mejoras al ejercicio de este derecho, tan importante en nuestro país.
(Lilia Ramírez Varela)