El pasado lunes 10 se cerró el plazo para la presentación de candidaturas a la elección del Contralor General de la República. Hay más de 100 propuestas, según el diario La República (13/11/2008). Los postulantes serán evaluados por una Comisión del Ejecutivo, a fin de presentar al Congreso a los candidatos que cumplan con dotes de independencia y capacidad necesarias para tan alto cargo.
En relación con esto, el pasado martes 4 se publicó la Resolución Suprema Nº 311-2008-PCM, que crea la Comisión de Evaluación, la cual tiene bajo su responsabilidad la valoración de las candidaturas y presentación al Presidente la lista final de solo 5 candidatos de entre los cuales el Congreso elegirá al nuevo Contralor. Sobre esta Comisión, se ha designado como su presidente a Richard Webb, y como integrantes a Cecilia Blondet, Jorge Gaston Garatea y a Beatriz Boza. Como es evidente, una mesa plural y altamente calificada.
Si bien todo aparenta ir por el sendero correcto, creemos que las buenas ideas que se acompañan de malos planes, o que caen en la improvisación, terminan siendo adversas y hasta enemigas de su propia intención. Por ejemplo, las terribles fallas que hubo en la primera convocatoria, el cortísimo plazo (que más parecía una mala demostración de intenciones que una real actitud);. error que se corrigió oportunamente, para fortuna de todos, pero que creemos no debe quedar en la anécdota, sino servir de lección.
En esa lógica, ahora por ejemplo deberíamos tener a nuestra disposición la publicación de la lista de candidatos presentados y los criterios que tendrá en cuenta la comisión para su labor. Pareciera persistir la falta de transparencia, creemos por negligencia y no malicia, tal vez por carencia de planificación.
Es en este sentido, diversas organizaciones publicaron una nota de prensa sobre la observancia social en la elección del contralor el mismo día que debieron ser publicados los nombres de los profesionales a ser evaluados.
El cargo de Contralor goza de especial significación, pues se caracteriza por guardar una comunión entre lo político y lo técnico, en tanto, quien fiscalice deberá no solo ser un profesional calificado, sino que también alguien a quien sus preferencias políticas no le sean un obstáculo, por generar polémica o incomodidad.Sobre esto último, cabe comentar la posibilidad de que los gobiernos regionales y locales a presentar candidaturas. Criticamos esto porque repercute aún más en el carácter político de la elección, y porque serían los fiscalizados quienes puedan terminar eligiendo a su fiscalizador.
Para finalizar, reiteramos nuestra protesta ante la falta de publicación inmediata de los nombres de los candidatos. Es un error que, hasta el momento, mancha este procedimiento, por lo que esperamos sea corregido lo más pronto posible. Ahora que la Comisión empieza su labor, también isntamos a que la haga pública.
(Jose Victor Garcia Yzaguirre)