Los actos de violencia sucedidos en los últimos días contra integrantes de las fuerzas del orden son repudiables y condenables. A la cruenta emboscada contra un convoy de camiones en Huancavelica, en la que fallecieron trece militares y dos civiles y se dejó heridos a otros 14 (emboscada catalogada como la más grave en 9 años), se le ha sumado la muerte de dos sargentos en Vizcatán, Ayacucho (El Comercio, 15/10/08). La condena pública, por supuesto, no se hizo esperar (ver: Comunicado de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos), ante los hechos de violencia que ponen en cuestionamiento el plan de lucha del Estado contra el narcoterrorismo que ahora, el nuevo premier Yehude Simon ha indicado, tendrá muy en cuenta (La Primera, 16/10/08).
Y no es para menos, porque estas muertes, ponen en cuestión la efectividad de la estrategia estatal de lucha contra el narcotráfico aliado con los remanentes del terrorismo. Una estrategia que, de lo menos que debe carecer, es de la falta de apoyo político, del desconocimiento de la problemática en estas zonas de enfrentamientos y de debido cálculo en el manejo de las operaciones. Así, llama la atención que entre los fallecidos figuren jóvenes que estaban en el servicio militar obligatorio, con insuficiente preparación en este tipo de enfrentamientos, transitando por una zona conocida por su alta peligrosidad (ver: 14 soldados casi adolescentes); en una emboscada similar a otra de noviembre del año pasado en que murieron 4 policías (La República, 13/10/08, El Comercio, 11/10/08). Ante los hechos, la Comisión de Defensa del Congreso ha pedido explicaciones de lo sucedido, y fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía desplegaron aproximadamente 150 efectivos para capturar a los atacantes (La República, 11/10/08). Ambas son acciones requeridas, pero no hay que olvidar que la mejor estrategia es la prevención de estas tragedias.
Resulta obvio que, entonces, no estamos ante una situación que pueda “dejarse pasar”. Se requiere una reevaluación urgente y más cuidadosa de la estrategia de lucha contra el narcotráfico y los remanentes terroristas, acorde a la protección de los derechos humanos de quienes se enfrentan y de quienes deben ser protegidos.
En todo este escenario, el sistema de justicia no es el único llamado a actuar. Al Ejecutivo le corresponde: estructurar una eficaz política de lucha, ubicar los reales objetivos de su estrategia, proteger adecuadamente a los integrantes de la fuerzas del orden y no caer en situaciones de vulneración de los derechos humanos, en el marco de la necesaria y legítima lucha contra el narcotráfico y el terror. Mientras tanto, al Poder Judicial le corresponde evitar la impunidad de tales violaciones, sea de parte del narcotráfico, de las actividades terroristas o de nuestras fuerzas del orden. Esa es su misión, para la que requiere del apoyo del gobierno judicial y del Ejecutivo (a fin de contar con las herramientas necesarias); y para la que necesita ser incorruptible y altamente comprometido con la causa de la defensa de la vida y la integridad de civiles y militares.
De lo contrario, los violadores de derechos humanos creerán que la justicia no les alcanza. Por ello, fue preocupante lo que el diario Perú.21 señaló, en relación al mensaje que nuestro Estado de Derecho le está dando a los narcotraficantes: “Nada les pasó cuando el 5 de diciembre de 2005 asesinaron a cinco policías antidrogas cerca de Palmapampa, VRAE. Nada les pasó cuando asesinaron, el 20 de diciembre de 2005, a ocho policías en Aucayacu, Alto Huallaga. Nada les pasó cuando asesinaron, el 16 de diciembre de 2006, a cinco policías antidrogas y tres civiles cerca de Machente, VRAE. Nada les pasó cuando asesinaron a tres policías y un fiscal el 14 de junio de 2007, cerca de Tocache, Alto Huallaga. Nada les ha pasado luego del asesinato de un teniente de la Policía en Ocobamba, el 1 de noviembre de 2007. ¿Por qué habrían de inquietarse los narcotraficantes si la experiencia les indica que pueden matar policías y autoridades y quedar impunes?” (Perú.21, 18/11/07) Ante preguntas de ese tipo, el sistema de justicia tiene que apresurarse a la diligente denuncia, investigación, juicio y sanción de los responsables.
Actualmente, el caso de la emboscada narcoterrorista en Huancavelica está siendo investigado por el fiscal especializado en terrorismo del distrito judicial de Junín, Juan Pachecho Gallupe (La República, 11/10/08). Todos esperamos, por la gravedad de estos hechos, que no se hagan esperar las medidas concretas de mejora en el sistema de justicia, como la protección de los magistrados y magistradas que procesan estos casos, así como el refuerzo de las instancias judiciales encargadas de la investigación y el juzgamiento de estas violaciones a los derechos humanos.
(Cruz Silva Del Carpio)