LA FUGA DE LEÓN Y LA RESPUESTA QUE DEBE TENER LA JUSTICIA

 

16 de octubre del 2008

El ex ministro aprista Rómulo León Alegría sobre quien pesa dos denuncias en su contra por los delitos de colusión, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, y otros, luego de la difusión de varios audios en los cuales se le escucha negociando con el funcionario de Perupetro, Alberto Quimper Herrera el favorecimiento a la petrolera noruega Discover Petroleum International AS a cambio de recibir dinero, está hasta el momento prófugo de la justicia. Quien es uno de los protagonistas del mayor escándalo de corrupción en este período gubernamental, y cuya gravedad propició el reemplazo del gabinete ministerial, parece intocable, lo que a muchos ya huele a impunidad.

Y cómo no pensar en eso cuando el propio León, quien parece no tener el menor temor a una acción de la justicia, declaró que en los difundidos audios se estaban "hablando disparates, cosas graciosas y a cualquiera le pasa que si le sacan de contexto frases, conversaciones o una cuestión coloquial, (que se usan para hacer especulaciones)" (El Comercio, 06/10/08). Una voz que, desde la clandestinidad, subvierte el que creíamos era un orden, pero que en verdad sería una realidad de corrupción de la que nadie quiere hacerse responsable. Comenzando por la responsabilidad por la fuga de León. El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, culpó al Servicio de Inteligencia Policial por no ubicar y seguir oportunamente al ex ministro de Pesquería del partido aprista. Por su lado Rosario Fernández, la ministra de Justicia, consideró que el juez Barreto está dilatando innecesariamente la ubicación y captura del ex ministro de Pesquería al negarse a autorizar el allanamiento de todas las propiedades del prófugo (El Comercio, 15/10/08).

Consideramos que si bien es necesario determinar la responsabilidad por la aparente negligencia de las autoridades; resulta prioritario capturar al prófugo y castigar los hechos de corrupción denunciados. Preocupa sobre esto último algunas voces que comienzan a alzarse denunciando la ilicitud de la prueba con la que se quiere condenar a los protagonistas de los audios del escándalo denominado “Petrogate”.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que ya tuvimos un escenario parecido con el caso de los denominados “vladivideos”. En esa oportunidad, se dispuso que la veracidad de los hechos de que daba cuenta la prueba cuestionada tendría que ser corroborada con otros medios probatorios. Por tanto, no puede desestimarse de plano dicha fuente de prueba, sino que es imprescindible corroborarla, a fin de que pueda ser valorada en el marco de un proceso penal.

Por eso es que, teniendo en cuenta que Quimper se ha acogido a su derecho a guardar silencio en el proceso penal, resulta perentorio capturar al prófugo León, ya que es necesaria su declaración y confrontación respecto a los hechos delictivos de los que todo el país es testigo. Tal parece que no sólo existen tres implicados, como hasta ahora, sino muchos más, y es necesario que el país lo sepa, y se les condene.

Promisorias en ese sentido son las frases de la Fiscal de la Nación, quien ha manifestado que la investigación que realicen las fiscalías anticorrupción se hará “caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias” (Ideeleradio, 06/10/08). Todo parece indicar que estos audios son, como se ha dicho, la “punta del iceberg” de un escenario de corrupción mayor. Esa idea de la justicia ciega, que no hace distinciones a la hora de aplicar la ley a las personas sin importar su condición debe ser pues el espíritu con que debe llevarse la investigación, y el casi seguro proceso contra todos los que resulten responsables.

Por otro lado, la coyuntura del cambio del gabinete ministerial plantea una promesa de cara a esta lucha anticorrupción. El flamante Ministro del Interior, Remigio Hermini, debe entender, en ese sentido, que capturar a León es ahora una necesidad social. Como dice el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, dicha medida haría que el país confíe nuevamente el Ministro del Interior (Ideeleradio 15/10/08). A su favor está el hecho de que el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, informó que la Policía Nacional se encuentra en "alerta" para evitar que Rómulo León Alegría se fugue del país y evada la acción de la justicia. (El Comercio, 09/10/08).

Por su lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen, además de un deber funcional, una excelente oportunidad, de investigar y juzgar respectivamente, a todos estos oscuros personajes, dando así una clara señal de que la corrupción debe ser atacada de la forma más enérgica.
(Julio Avellaneda Rojas)