El caso del juez Cruz Cala, titular del juzgado del Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas, ha vuelto al debate público. El diario La República (27/09/08, y 28/09/08) ha informado que este magistrado, quien tuvo a su cargo la etapa de ejecución de un proceso de amparo interpuesto por empresas de casinos y tragamonedas, ha solicitado asilo político hasta en cuatro embajadas, debido a represalias que indica venir padeciendo por su actuación en dicho proceso de garantía constitucional.
La historia de este proceso de amparo es larga y compleja, siendo informada por el mismo diario en el año 2005 (La República, 25/12/05). En resumen, el acoso y presión que denuncia el magistrado se habría iniciado luego de que se negara a notificar, como parte, a la Municipalidad Metropolitana de Lima (y a la Municipalidad Provincial del Callao) de la resolución que declaraba fundado un proceso amparo, a favor de un grupo de empresas relacionadas al negocio de los casinos y tragamonedas (Catia Entretenimientos S.A.C., Recreativos Fargo SAC, Zlata Actividades Recreacionales SAC y Balshen Gaming SAC).
Ante ello, los demandantes del amparo se quejaron y alegaron, en resumen, que debía respetarse la calidad de cosa juzgada de la resolución de amparo que les daba la razón (y que en consecuencia, les permitía realizar sus actividades). Por su parte, el magistrado alegó que la Municipalidad de Lima Metropolitana (y la del Callao) no era parte del proceso de amparo, por lo que no procedía notificarla como tal, quedando expedito (si los demandantes deseaban hacer conocer el amparo fundado a dicha comuna) el derecho de solicitar copias certificadas.
Lo anterior, derivó en quejas ante los órganos internos del control, tanto de parte de los demandantes como de parte del magistrado quien, además, ha sostenido que la presión de la que es víctima proviene de magistrados presuntamente relacionados al partido aprista, como de parte del poder económico. Algunos de sus fundamentos para indicar ello, es la presunta existencia de relaciones entre el representante de los demandantes en dicho proceso de amparo y el Presidente de la Corte de Apurímac de entonces. Además, el magistrado ha señalado que el representante nacional de los casinos y tragamonedas era el actualmente repuesto Presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero, quien ante la consulta de La República señaló desconocer las denuncias del juez (ver: La República, 28/09/08).
Finalmente, el caso llegó a ser investigado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). A causa de las presiones que venía aduciendo, el magistrado Cruz Cala interpuso una solicitud de traslado a otro juzgado o, de ser rechazada esta petición, que se aceptara su renuncia. La OCMA terminó declarando improcedente ambas solicitudes: la de traslado, al no reunirse los requisitos del traslado por seguridad (como el informe sustentatorio de la autoridad competente y del Presidente de la Corte Superior de Justicia a la que pertenece), y su renuncia, basándose en que ésta no puede supeditarse a condicionamiento alguno, además de que debía ser presentada en términos tales que la voluntad de renuncia no sea sometida luego a cuestionamientos. Asimismo, la OCMA dispuso el inicio de investigaciones respectivas por presuntas irregularidades funcionales expuestas por el magistrado. Actualmente, como señalan las informaciones, Cruz Cala ha solicitado incluso solicitudes de asilo político a las embajadas de Uruguay, Costa Rica, Argentina y España.
El caso es preocupante, pues no es poca cosa que un juez indique, desde hace más de 3 años, estar siendo coaccionado, y que tema por su seguridad; a raíz de –según señala el magistrado– una decisión jurisdiccional de no notificar a quienes no eran parte de un proceso. Pero las implicancias del caso no sólo van por prestar singular atención a esta especial situación que un integrante de la magistratura señala venir padeciendo. Detrás de ello, podrían estar (y por ello es preciso investigar más a fondo) graves acciones ilícitas entre magistrados, poder económico y político a fin de favorecer ilegalmente el negocio de los casinos y tragamonedas. Una situación de abuso que, en cierta forma, ha sido posteriormente materia de pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional (en el recordado proceso competencial entre el MINCETUR y el Poder Judicial), y contra la que la Corte Suprema de Justicia se manifestó –en su oportunidad– con fuerza. Por todo ello, es necesario que el caso se investigue más y a fondo, a fin de descartar definitivamente la existencia de grave ilegalidad en el mismo.
“Consecuente con su ineludible compromiso en la lucha contra la corrupción en el seno del Poder Judicial, oportunamente el Órgano de Control de la Magistratura, en el ejercicio de su facultad disciplinaria y sus potestades de inspección, está llevando a cabo las acciones las acciones de control correspondientes para imponer la más drástica sanción a los jueces y vocales que, violando la Constitución y la Ley, permitieron el funcionamiento de algunos casinos en todo el país. A la vez, como no puede ser de otro modo, está en la obligación de respaldar –y lo hará cuando corresponda– a los magistrados judiciales que en los procesos referidos a esas materias han procedido en el correcto ejercicio de su potestad jurisdiccional, cuya conducta funcional debe ser reconocida y sus resoluciones deben merecer absoluto respeto y efectiva vigencia en un Estado Constitucional.”[1]
(Cruz Silva Del Carpio)
1 Parte del Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la República, en ocasión de la expedición de la sentencia 006-2006-PC/TC, en abril del 2007 (ver: Comunicado).