Existe información periodística que advierte la existencia de una denuncia por la desaparición de 11 campesinos en el departamento de Ayacucho, luego de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y una facción de Sendero Luminoso (SL), el 14 de septiembre de este año. Según la denuncia de Lucy Pichardo, residente del centro poblado de Pichis-Rio Seco en Ayacucho, esposa y hermana de tres de las supuestas víctimas, los culpables de estos hechos serían miembros del Ejército (Perú.21, 30/09/08), pues los pobladores habrían desaparecido tras ser detenidos luego de la ofensiva con SL.
Posteriormente, esta acusación ha sido desmentida por el Ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y el Comandante General de Ejército, Edwin Donayre. Incluso, las Fuerzas Armadas emitieron un Comunicado oficial indicando que los campesinos desaparecidos no figuran en la lista de los 18 detenidos durante las exitosas operaciones militares en ese lugar contra ese grupo terrorista (El Comercio, 01/10/08).
Si bien la información todavía es inicial y falta mayor detalle en torno a los hechos, consideramos importante alertar sobre lo ocurrido, dado que es gravísima la desaparición de 11 personas. Hace unos diez, quince o veinte años, ante peores imputaciones, las víctimas se enfrentaban ante la indiferencia del país. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) afirmó que el nivel de desidia de la población en relación a este tipo de denuncias fue una de las causas por las que el conflicto armado dejó tal cantidad de víctimas. Salvo excepciones, la movilización por “el otro” fue casi nula. Esa situación simplemente no debe volver a pasar. Por ello, queremos llamar la atención de lo ocurrido, para que las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto e informen a la ciudadanía qué es lo que realmente ha sucedido, y para que los peruanos y las peruanas responsablemente nos preocupemos por nuestros compatriotas.
Es importante y transcendental que las autoridades judiciales, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, investiguen y realicen las averiguaciones necesarias para, además, descartar cualquier participación de integrantes de las fuerzas del orden en estos aparentes hechos delictivos. Por otro lado, si bien consideramos oportuno el comunicado oficial del Ejército, esta institución (tal como ya lo anunció) debe dar la información necesaria a las instancias respectivas con rapidez y transparencia a fin de desvirtuar estas graves acusaciones.
Por nuestro lado, haremos seguimiento del caso. Sinceramente, esperamos que no haya ni desaparecidos, ni intrusión del Ejército; pues de lo contrario estaríamos repitiendo una historia que después del Informe de la CVR no debería volver a repetirse jamás.
(Lilia Ramírez Varela)