En los últimos años, como parte de los cambios estructurales en los países latinoamericanos, se ha enfatizado la necesidad de reformar los sistemas judiciales, haciendo especial hincapié en la remoción de los obstáculos del acceso a la justicia de la región.
Parte de esos esfuerzos han tenido bases sustanciales en la normativa internacional de la región, la cual, tomando como punto de partida la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ha remarcado la necesidad de que los Estados desarrollen acciones para promover el acceso de sus ciudadanos a recursos adecuados, con fin de proteger sus derechos.
Posteriores informes temáticos y por país, así como opiniones consultivas, han insistido en la obligación estatal de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, promoviendo la ampliación de este concepto. De esa manera, no sólo se involucra la labor de los sistemas judiciales, sino también, a los mecanismos alternativos y de jurisdicción indígena en los que se permita la participación de la sociedad civil. Al respecto, el informe Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, elaborado en el 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya sostenía que la situación del acceso a la justicia tenía que ser analizada desde una perspectiva de la justicia oficial y desde una perspectiva del derecho indígena (párr. 277). Bajo este contexto, la realización de una audiencia sobre barreras para el acceso igualitario a la justicia, llevada a cabo el 27 de octubre pasado –como parte de su 133º periodo de sesiones–, tenía plena pertinencia y correspondía a las prioridades que desde la CIDH se ha venido dando a este tema.
Cabe señalar que esta sesión se llevó a cabo por solicitud del Instituto de Defensa Legal (IDL) del Perú, del Centro de de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) de México, del Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (CEJIP) de Bolivia, y de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) con sede en Washington, D.C. (ver: documento presentado a la CIDH).
Las organizaciones solicitantes, fundamentalmente propusieron a la CIDH que ratifique expresamente la necesidad de ampliar la noción de acceso a la justicia, de manera que no se restrinja este acceso sólo a los tribunales. En segundo lugar, se solicitó que se evidencien las principales barreras para el acceso a la justicia que afectan de especial manera a grupos vulnerables como las mujeres y los pueblos indígenas. Finalmente, se solicitó que se evidencie la responsabilidad de los Estados en garantizar este acceso a la justicia de sus ciudadanos, promoviendo políticas públicas para remover los obstáculos.
Consideramos que, dado el avance normativo producido en el sistema interamericano de derechos humanos, están dada las condiciones para que se pida a los Estados medidas concretas sobre lo que vienen haciendo para alcanzar este acceso igualitario, por lo que creemos que la audiencia desarrollada ha incitado en ese sentido.
(Javier La Rosa Calle)