Es positivo lo que está pasando con la elección del Contralor General. Después de un inicio poco alentador debido al casi nulo interés en el tema por parte de las autoridades del gobierno (lo que nos hacía temer una elección poco transparente y a espaldas de la ciudadanía); las cosas comenzaron a cambiar con la llegada de Yehude Simon al premierato. Si bien la primera medida que se tomó no fue la más feliz, toda vez que el anuncio de un concurso público empezaba con la imposición de un insuficiente plazo de dos días para que las instituciones interesadas presenten candidaturas (lo que hizo dudar a muchos de la seriedad de este proceso), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha enmendado el error y, habiendo escuchado a diferentes instancias, ha decidido ampliar el plazo para presentar a los candidatos hasta el 10 de noviembre (ver: www.pcm.gob.pe).
Efectivamente, la participación de la sociedad civil y la modificación del plazo anunciadas por el Primer Ministro Yehude Simon, son señales alentadoras. Significa que ahora nuestras autoridades –o al menos el Primer Ministro– están abiertas al diálogo, a las críticas, y desean elegir al mejor candidato. Ciertamente, parece que esta vez vamos a dejar de lado esa mala costumbre por la que cada gobierno buscaba elegir a su Contralor, tradición que parecía querer seguir el Ejecutivo a pesar de los anuncios de independencia en la elección de esta autoridad, de parte del presidente García, al iniciar su gestión en el 2006.
Ahora, de cara a este proceso de selección iniciado por el Poder Ejecutivo, en el que se terminará presentando a cinco personas al Congreso (específicamente a la Comisión Permanente) que será el encargado de elegir finalmente a uno, es que debemos estar atentos a los procedimientos de evaluación y transparencia de éste; a fin de que no se queme el pan en la puerta del horno y de que esta auspiciosa elección no termine en decepción, como ha pasado algunas veces.
Por ello, una primera duda que surge con este concurso enrumbado es su falta de formalización. Todavía no ha salido resolución o decreto supremo alguno anunciándolo, ni la conformación de la Comisión Calificadora. Aunque ya se indicó que ésta será integrada por el Padre Gastón Garatea y el economista Richard Webb, faltan los otros integrantes, así como las demás etapas de selección, sus plazos y los criterios con los que se evaluará.
Así también, es evidente que el concurso debe ser lo más transparente posible, por lo que es indispensable que en su momento se publique la nómina de candidatos, así como su calificación, para saber sus méritos y deméritos. No hay duda que aquella persona, reconocida por su capacidad técnica así como por su honestidad e independencia, será la que generará mayor consenso entre la ciudadanía. Estamos a la espectativa de ver quiénes son los candidatos, y también esperamos que la Comisión evaluadora, y principalmente nuestros congresistas, se porten a la altura de las circunstancias. Ahora más que nunca la población necesita señales de que nuestros representantes quieren un país transparente y sin corrupción.
(Lilia Ramírez Varela)