Menudo escándalo el que estamos viviendo en nuestro país. Se ha destapado un hecho de corrupción que no creímos volver a ver después de la era fujimorista. Los audios entre Alberto Quimper Herrera y Rómulo León Alegría, repartiéndose los recursos del Estado (adjudicación de pozos petroleros) cual hacienda suya, muestran la precariedad de nuestra institucionalidad democrática, y los pocos filtros que existen en nuestra administración pública para elegir a funcionarios de nivel e idóneos en los altos cargos. Y aunque el Presidente, Congresistas del partido de gobierno, y autoridades salieron a deslindar responsabilidades e indicar la necesidad de sanción para los protagonistas de estos infames hechos, el sinsabor y el fantasma del “aquí no pasa nada” lamentablemente ronda, pues el gobierno ha dado muestras que la lucha contra la corrupción no estaba entre sus prioridades. Una posible explicación de la falta de iniciativa en este histórico problema en nuestro país, dada nuestra tormentosa coyuntura, podría ser la existencia de más hechos como éstos en las altas esferas del poder que no salen a la luz, salvo que alguien nos haga el favor de entregarnos otro audio.
Hace unos meses decíamos que el actual Gobierno del APRA simplemente ignoraba la lucha contra la corrupción como un tema de política pública (ver: La lucha contra la corrupción no ha muerto: Balance de una política de Estado que no debe desaparecer). Un claro ejemplo de esto era el poco interés mostrado en la extradición y posterior juzgamiento del ex presidente Alberto Fujimori. Es evidente que si en esta histórica causa tiene un tibio papel, sus prioridades no son la lucha contra los llamados delitos de cuello blanco, que tanto dinero le ha costado históricamente a nuestro país (se habla de más de 800 millones de dólares perdidos en la década de los noventa[1]). Otro dato que muestra la displicencia del gobierno en esta materia, es que en el mensaje por 28 de julio, el presidente Alan García simplemente omitió hablar del tema; pese a que en esa época ya se empezaban a poner los ojos en la elección de una autoridad de primer nivel, trascendente en la lucha contra este flagelo: la elección del reemplazo de Genaro Matute, Contralor General de la República, que tiene entre sus principales funciones dirigir a la Contraloría, entidad que vela por el adecuado manejo de los fondos del Estado, incluidas el manejo de las licitaciones.
Pese a que, ciertamente, la lucha contra este flagelo siempre será difícil -pues la corrupción se alimenta de la existencia de poderes ocultos (económicos, políticos, militares y sociales), la falta de normas de transparencia y la presencia de instituciones judiciales débiles, con poca capacidad de respuesta ante el delito, y principalmente con la mermada independencia para hacer frente al poder-, esto no significa que sea imposible. Incluso en Perú. Tenemos políticas y planes, instaurados desde la Ceriajus, sólo que con muy poca voluntad política de aprobación actual.
Aunque es fácilmente verificable que no existe una fórmula universal para luchar contra la corrupción, y menos un procedimiento que pueda aplicarse a un país como el nuestro, lo que sí se tiene es una fórmula admitida a escala mundial respecto de cómo nace la corrupción. La llaman “ecuación de la corrupción”, y se expresa constantemente en estos términos:
Corrupción = concentración de poder + discrecionalidad - controles
Calsamiglia menciona, con razón, que es en las dictaduras cuando este trinomio alcanza su máxima potencia. Sin embargo, el mismo autor indica que estos hechos también se producen en las democracias y, lamentablemente, de forma muy extendida[2]. Por eso, es importante señalar que no es novedad que la corrupción no desaparezca con la llegada de la democracia. Lo preocupante es la comprobación de que se sigue produciendo en niveles alarmantes, lo que merecería una actuación rápida, efectiva e intachable de las instituciones públicas para reducirla a su mínima expresión, en caso de no eliminarla.
Por ello, lo que ha pasado, en cierta medida, es una muestra adicional de la omisión del gobierno en configurar políticas públicas anticorrupción. Nos preguntamos: ¿qué hubiera pasado si Quimper, León, Arias Schreiber, y demás implicados, hubieran visto una real política de lucha contra la anticorrupción dentro del gobierno?, ¿se habrían atrevido a hacer lo que hicieron? Creemos que al menos hubiera sido más difícil.
Esperamos que ahora sí, después de esta bochornosa situación, el Gobierno y el Legislativo se tomen en serio el fortalecimiento de nuestras instancias encargadas de luchar contra la corrupción. Mientras tanto, tenemos que en menos de un mes un nuevo Contralor será elegido, y que hasta ahora este proceso de selección (al mando del Ejecutivo) se está llevando a cabo con la más absoluta reserva y de espaldas a la ciudadanía. Es justo exigir que las instancias respectivas, Ejecutivo y Legislativo, transparenten cuáles son los criterios de evaluación de los postulantes y qué nombres se están barajando, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de opinar, investigar y escudriñar la trayectoria de tan importante autoridad. Es su obligación (derecho fundamental de acceso a la información), ahora más que nunca.
(Lilia Ramírez Varela)
{1} INA, Documentos de trabajo. Un Perú sin corrupción. Lima, INA-MINJUS, 2001, p. 5.
{2}Calsamiglia, Albert, Cuestiones de lealtad. Barcelona, Paidos, 2000, p. 20.