REENFOCANDO LA EDUCACIÓN LEGAL… ¿AL FIN?

11 de setiembre del 2008

Poniendo el dedo en la llaga, otra vez. El Colegio de Abogados de Lima (CAL), a través de la campaña “Tu firma por el futuro de la justicia” ha puesto nuevamente en el debate público la rezagada reforma de la educación legal. La iniciativa busca firmas para presentar un anteproyecto al Congreso de la República, conteniendo 6 medidas puntuales que pueden ser calificadas como urgentes y radicales. Siendo que la educación legal ha sido objeto de escaso interés como materia de estudio y reforma, la iniciativa del CAL resulta alentadora y, por ello mismo, es necesario que a la propuesta hecha se le doten de las salvaguardas y plan estratégico necesarios a fin de que su propósito final (la reforma de la preparación en las facultades de Derecho) no se pierda en el intento (ver: Propuesta del CAL).

Concretamente, las propuestas del CAL son: (i) la suspensión de la autorización de funcionamiento de nuevas facultades, filiales y programas que otorguen el título de abogado mientras no se establezcan los criterios, indicadores y estándares de acreditación, (ii) la necesidad de que los centros de formación cuenten con acreditación, (iii) que como órganos de consulta en relación a las políticas de evaluación y criterios de acreditación sean la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados de Lima, (iv) la suspensión de ingreso a los programas de educación a distancia hasta que se encuentren acreditados; y (v) la sustentación de una tesis para obtener el grado académico de bachiller y la aprobación de un examen de suficiencia profesional (más un año certificado de servicios pre-profesionales) para obtener el título de abogado. Así, la propuesta representa un “stop” al crecimiento de nuevos centros de preparación en la carrera de abogado, así como el ingreso de alumnos a programas de educación a distancia y la obtención tanto del grado de bachiller como del título de abogado de forma automática y por medio de un curso de capacitación (por ejemplo).

Sobre lo anterior, es preciso poner de relieve que parte de esas propuestas estarían en vigencia mientras no se encuentren aprobados los criterios de la mencionada acreditación, para la que la propuesta da un plazo de 180 días (y a las que deberán acomodarse los centros de preparación en 1 año). Sería conveniente saber cuál es el estado del trabajo de las entidades encargadas de la acreditación en relación a la investigación de tales criterios, así como el trabajo de los decanos de las respectivas facultades que serán parte del órgano consultor (órganos que, por cierto, se restringen sólo a 2). Tarea nada desdeñable, toda vez que la adopción de dichos criterios pasa por el estudio serio de las destrezas que debe tener todo abogado y abogada que se desenvuelve en un país multicultural; así como por el conocimiento del estado actual de las facultades de derecho, sus particulares falencias, cuáles deben ser sus principales fortalezas y cuál es el tiempo real (¿o tiempos reales?) que ha de exigirse para que las facultades otorguen la educación mínima requerida.

Lo anterior, pone de relieve que las medidas propuestas por el CAL no pueden ni deben estar solas. Ellas deben sumergirse en una visión de plan estratégico y de reconocimiento de un problema institucional; un plan donde existan además de las propuestas urgentes y necesarias las de a mediano y largo plazo, así como las generales y las particulares de acuerdo a la situación particular de cada centro de estudios (que pasen, por supuesto, los mínimos indispensables de cantidad y calidad de docentes, material bibliográfico e infraestructura en proporción al alumnado). Lo importante de una mirada institucional del problema y de las medidas propuestas, reside en poder tratar adecuadamente no sólo las falencias de nuestra educación sino también las causas de las mismas; de lo contrario, los intentos de reforma serán varios e ineficientes que poco a poco irán desgastando la expectativa y el apoyo de los usuarios del sistema de justicia. Por ello, las propuestas del CAL deben generar de inmediato el debate amplio, serio y participativo de cuál debe ser esa estrategia institucional que se requiere para, de una vez por todas, comenzar a refundar la enseñanza del derecho.

Para lo anterior, es de especial importancia el papel de los diagnósticos sobre la situación de la educación legal. Todos sabemos, por los resultados finales (profesionales del derecho por general poco preparados jurídica y éticamente), que la situación es crítica, cual secreto a voces, y que cada vez hay más y más abogados y estudiantes de derecho. Pero para adoptar las medidas adecuadas (y no contraproducentes), generales y particulares, es imprescindible el dato concreto, el estudio de la situación actual. Como señala el consultor Luis Pásara, quien realizó en el 2004 por encargo del Ministerio de Justicia un trabajo de campo que involucró a diversas facultades de derecho[1], es importante contar con “diagnósticos sistémicos y no diagnósticos impresionísticos, superficiales, y/o formulados por parte interesada”[2], hay que evitar las acciones emprendidas sin estrategia “guiadas apenas por el propósito de paliar determinadas carencias”. Como bien señala el consultor, “Destinar tiempo y esfuerzos a esta etapa es una inversión fundamental del proceso”; y luego de ello el proceso de reforma requiere ser revisado y evaluado constantemente (a través de un sistema de seguimiento, sin aferrarse al diseño inicial que puede ser dejado de lado cuando los resultados y situaciones así lo aconsejen)[3]. Ello, sin contar otra ventaja de la formulación de diagnósticos y estadísticas, como señala el economista Wilson Hernández: demostrar los resultados y sustentar la necesidad de recursos.

La mirada institucional del problema y sus causas nos permitirá dar cuenta que, por ejemplo, el crecimiento indiscriminado de facultades de Derecho y filiales con espíritu mayoritariamente lucrativo no es (de lejos) el único factor de la situación actual de la crisis de la enseñanza del derecho. Como bien indicó la CERIAJUS[4], el abuso del método exegético y la escasa enseñanza de destrezas críticas en el aprendizaje son otro problema, así como la ausencia de cursos que demuestren a los alumnos la realidad social del país en el que han de ejercer su profesión. Por su lado, Luis Pásara[5] señaló como otras falencias el que los docentes no sean un factor de cambio en la enseñanza del derecho o el que, por lo general, no sean convocados por concurso público. Otra situación a analizar es la calidad y rigurosidad de los filtros y parámetros de ingreso a las universidades, donde resulta curioso (por decir lo menos) que, por ejemplo, en el 2002, de 7 929 vacantes ofrecidas por 24 universidades privadas, 7 930 fueron los postulantes que ingresaron. Recordemos que, en similar apreciación para el caso de los postulantes a la magistrura “La capacitación del personal es inútil cuando el problema de raíz está en la selección”[6].

Vacantes, postulantes e ingresados en 39 facultades de derecho,
en el 2002[7]

  Fuente: Asamblea Nacional de Rectores. Elaboración propia.

¿Es posible la reforma? Por supuesto que sí. Y uno de los primeros pasos es llevar y mantener el debate en la agenda pública, tal como hace en esta oportunidad el CAL a través de una iniciativa a la que los Colegios de Abogados de Cusco, Tacna, Puno, Moquegua y Ayacucho han demostrado su apoyo. Hay otras condiciones para el éxito de esta reforma que no hay que descuidar: la definición clara de los actores del sistema de justicia en esta reforma (facultades de Derecho, Colegios de Abogados, el Estado), medidas de fondo además de las de urgencia, adecuados criterios y exigencia de la calidad de la enseñanza legal, así como metas y resultados alcanzables. Ello, sin olvidar la estrategia institucional que, además, vaya construyendo consensos y alianzas de diversos actores.
(Cruz Silva Del Carpio)