En cuanto al número y frecuencia de denuncias, las de faltas y violencia familiar (la mayoría, lesiones físicas leves) son las que más se reciben, una tras otra. Las cifras oficiales reiteran esta tendencia, los ilícitos penales que llegan al sistema judicial en mayor volumen son las faltas y su aumento es continuo[1].

Los hechos denunciados son problemas entre vecinos, lesiones, violencia física en contexto de violencia familiar, hurtos en la calle, arrebatos en tiendas comerciales, daños al patrimonio, etc. Las expectativas de los denunciantes son “resolver” el conflicto y una sanción al infractor.

¿Qué sucede con estas denuncias? Como sabemos, el Estado para ejercer su poder punitivo organiza un sistema penal (establece conductas tipificadas como delitos y faltas, un procedimiento especial y órganos encargados de ejecutar). En el caso de las faltas, se cuenta con un procedimiento judicial sencillo (regulado en la Ley Nº 27939), en el que participan principalmente la policía y los Jueces de Paz Letrados. La sanción es la multa o la prestación de servicios comunitarios, cuya ejecución depende de la Dirección Nacional de Medio Libre, del Instituto Nacional Penitenciario y de las Entidades Receptoras, que son organismos públicos o privados que asumen la responsabilidad de ser los lugares donde los sentenciados cumplirán las labores asignadas como sanción.

Como vemos, la respuesta estatal prevista incorpora la participación de varios actores. Pero en la práctica, ésta no es articulada y eficaz. Por lo cual, la respuesta que encuentra la mayoría de ciudadanos que denuncian es la impunidad, y  consecuentemente, la afectación de derechos.

Frente a ello, en el 2003, el gobierno junto a autoridades judiciales crearon el proyecto piloto de “Justicia de Paz Letrada en Comisarías”, cuya idea central es que los actores del sistema de justicia llamados a intervenir en los casos de faltas compartan un mismo espacio: la comisaría, para que éste sea un lugar donde se resuelvan o sancionen de manera coordinada y rápida estos casos. Desde entonces, han sido instalados y vienen funcionando 15 Juzgados de Paz Letrados en comisarías (cinco en Lima y 10 en provincias).

En estos años, no se ha perdido el impulso inicial, pese al cambio de autoridades. Esto se refleja en acciones como la renovación por tres años del convenio de creación de estos juzgados que el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia concertaron en enero del 2007; la intención de ampliar el número de este tipo de juzgados;  la demanda de más de una municipalidad para que se creen estos en las comisarías de su localidad; y la participación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como órgano de coordinación de esta experiencia, que entre otras actividades, organizó el seminario “Acercando la Justicia a  la población” realizado el lunes 15 de septiembre, en el que destacó la participación de representantes de Juntas Vecinales y policías de Lima.

Consideramos que espacios de discusión como éste son indispensables para construir modelos y asegurar respuestas de acuerdo a las necesidades de la gente, en este caso, de las Juntas Vecinales, conformadas por vecinos que se organizan para responder a la delincuencia cotidiana y problemas de inseguridad.

Sin embargo, esto no es suficiente. Son igual de indispensables instrumentos de medición de resultados, de análisis de la experiencia piloto. Un primer paso fue el Informe Defensorial Nº 119, el cual contiene una serie de recomendaciones que deben ser discutidas e implementas (ver: Evaluación de los juzgados de paz letrado en comisarías).

Sobre esta experiencia, el Consorcio Justicia Viva, publicará próximamente el resultado de una investigación de corte cualitativo sobre la Justicia de Paz Letrada en comisarías, en el cual, entre otros temas, analiza el impacto de la experiencia en los usuarios (victimas e infractores). Uno de los principales hallazgos es que la violencia familiar es objeto de tratamiento diario por parte de estos juzgados y, sin embargo, esta particular situación es invisibilizada dentro del proceso. También se ha encontrado que el derecho a la defensa no está garantizado para la parte agraviada, lo cual afecta principios procesales básicos de igualdad y contradicción, configurando situaciones de indefensión; sin mencionar que el número de sentencias incumplidas es elevado.
(Jimena Salazar Montoya)

[1] De acuerdo a información del Ministerio del Interior, en el periodo de 1997 a 2006 aumentaron las denuncias por faltas, situación contraria a los delitos, que disminuyeron de manera continua: (ver: enlace)