Recorre la prensa local las recientes declaraciones de la Ministra Fernández, en relación a los posibles cambios a efectuarse en esta área, aparentemente, motivados por los nuevos recortes presupuestales anunciados por el MEF para el próximo presupuesto anual.

En efecto, la Dra. Fernández, anuncia cambios importantes y preocupantes. Señaló que se evaluarán a todos los procuradores del Estado y anunció un recorte significativo en los presupuestos para las distintas procuradurías (La República, 17/08/08). Además, medios de prensa, sorprendentemente indican que el MINJUS estaría evaluando el privatizar parcialmente el sistema anticorrupción al reemplazar procuradores por servicios de estudios de abogados (La República, 17/08/08).

Entendamos la trascendencia de estas declaraciones. Existen actualmente 51 procuradurías encargadas de defender al Estado, de las cuales necesitamos resaltar el caso de las procuradurías anticorrupción. La primera al mando del procurador ad hoc Carlos Briceño, encargado de los procesos contra la corrupción fujimontesinista, y la de Gino Ríos, encargado de investigar los gobiernos de Toledo y de Alan García. Sobre éstas, la primera recibía 4 millones de presupuesto, el cual será reducido a la mitad (S/. 2’100 000.00), monto que deberá compartir además con la segunda procuraduría; es decir, ha de venírseles una asfixia financiera.

Pese a que el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, posteriormente afirmó que “la Procuraduría Anticorrupción cuenta con los recursos necesarios para desempeñar su labor de manera eficaz, agregando que se ahorrará “en gastos administrativos, pero no afectará los servicios que brinda el Minjus” ” (ver: www.minjus.gob.pe, 18/09/08), tomamos con pinzas los comentarios de la jefa de la cartera de Justicia, y el conjunto de información vertida.

De otro lado, si bien falta confirmar por las autoridades los posibles planes privatizadores de la lucha anticorrupción, recibimos con curiosidad y preocupación este nuevo proyecto. Esperamos la publicación de las expectativas y motivaciones de esta propuesta, de ser cierta. A su vez, es importante mencionar las implicancias de esta medida, pues entre un procurador tradicional y un estudio de abogados existe una radical diferencia, en tanto el primero tiene un compromiso directo y convicto con el interés estatal. Puede decirse que existe un plus de fervor en la labor por la motivación; ya que el estudio de abogados defiende (y he ahí la preocupación por los que así lo hacen y que ahora participen de esta prosible propuesta) cuanta causa le sea posible y conveniente llevar, sin consideración relevante si son privadas o públicas, pero con abundantes recursos y mayor presión al éxito.

Esperamos que todo esto habrá de ventilarse en los debates venideros sobre el tema, en los que exhortamos prime el criterio técnico, y nunca olvidando lo que está en juego. El debate debe de ser público y participativo, sobre todo para este caso. Parte de combatir la corrupción es quitar cuanto espacio sea posible al oscurismo, es decir, se requiere ser transparente lo más que sea posible en aras de un sistema legitimo, fiscalizable y, por ende, con menos aptitud de ser corrupto.

Por nuestra parte creemos firmemente que la lucha anticorrupción y todo lo que involucra no debe, bajo ningún criterio, considerarse como un gasto innecesario sino que es una invalorable inversión. Los recortes presupuestales no han causado otra cosa que extrañeza, deseo de crítica e, innegablemente para otros, incluso hasta sospecha.

Sólo nos queda cuestionarnos, por el momento, si es que las reformas venideras resultan ser adaptaciones a las nuevas condiciones económicas, sociales y políticas en las que vivimos actualmente, o si son un intento gerencial de transformación por medio de la creación de condiciones estimulantes de ciertas medidas, con el propósito de cumplir proyectos ideados a ponerse a prueba. Esperamos se resuelva esta incertidumbre en los próximos días.
(José Víctor García Yzaguirre)