La “voluntad política” podría fácilmente calificar como una de las cosas sobre las cuales se debe tener cuidado al momento de evaluar la dirección y la eficacia de las políticas públicas en relación a cualquier tema. La coincidencia entre el discurso y las acciones es desafortunadamente inusual, el uso de “dispositivos aspiracionales” como planes nacionales no suelen guiar por lo general el diseño e implementación de políticas concretas.

Sin embargo, y a pesar del escepticismo de la audiencia, es inevitable recoger con expectativa la demostración de voluntad política y saludarla; sobre todo cuando el objetivo es tan importante como el impulso a la reforma del sistema de justicia. Ello, sin olvidar que en realidad la muestra de voluntad política es (o debería ser) el primer paso para elaborar y ejecutar un plan de acción (que todos ansiamos, llegue a buen puerto); además de constituir una de las principales herramientas de la población para medir el nivel de coherencia de las autoridades entre lo dicho y lo efectivamente hecho.

Bajo esa línea, no se puede dejar de felicitar la iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, al haber convocado una “Audiencia sobre la Reforma de la Justicia” que tuvo como protagonistas a los titulares de las principales instituciones del Sistema de Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Tribunal Constitucional).

El evento tuvo como objetivo presentar a los ponentes como un grupo de trabajo que se encargaría de discutir, periódicamente, temas relacionados con la reforma de la justicia. Iniciativa por demás relevante, ya que como lo mencionara la Fiscal de la Nación en su discurso, no existen adecuados niveles de coordinación para la discusión y abordaje de problemas de la administración de justicia de manera conjunta (lo que llevaría a que, por ejemplo, los planes de un sector sean limitados por otros, o que los esfuerzos sean dispersos y desorganizados). Así, el intento de legitimar e institucionalizar un paso previo e importante como la coordinación de esfuerzos para tratar la problemática de cada uno de los sectores del “sistema” de justicia (medida, por cierto, de antaño propuesta por la CERIAJUS), mediante el compromiso político, es loable.

Pero, remitiéndonos al inicio de esta nota, es necesario llamar la atención sobre algunos puntos que deben ser tomados en cuenta para que la voluntad política se concrete, y no quede sólo en recuerdo como otras iniciativas (en ello va uno de los retos del esfuerzo del CAL). La realización de acciones específicas como efectivizar agendas puntuales a corto plazo (mediano y largo), capacitaciones, propuestas legislativas, creación de redes, implementación de cambios institucionales y políticas anticorrupción, entre otras; no sólo deben contar con la finalidad de mejorar el acceso a la justicia (como bien se dejó ver de las exposiciones del Presidente del Poder Judicial y el Viceministro de Justicia), sino que además, deben presentar objetivos específicos y metas en función de estudios de campo interdisciplinario, especialmente en temas de educación legal a la población, anticorrupción y atención a usuarios de zonas rurales y urbano marginales. Por supuesto (y como se manifestó en la Audiencia), lo dicho no quiere decir que el trabajo reside, en sí, en inventar nuevamente la pólvora en materia de recetas y planes de reforma, de los que ya tenemos en demasía.

Otro tema a tomar en cuenta es la participación de profesionales no estatales en el debate y la propuesta de temas para las eventuales mesas de trabajo; para lo cual se infiere que bajo un contexto de transparencia y la lógica de esta primera Audiencia, las reuniones de trabajo bien podrían ser públicas. El aporte de la sociedad civil no sólo nutriría el debate, sino que acercaría a los actores cuya incidencia política es innegable.

Adicionalmente, sería muy interesante dar cuenta que el planteamiento de las acciones de reforma apunten, cada cierto tiempo, a ser evaluadas en función de resultados. El cambio sería radical. Recordemos que las medidas de reforma se estructuran no en función de la realización de las acciones programadas, sino del cambio real producido sobre el grupo social con el que se trabaja.

Finalmente, la relación con la ciudadanía y la participación de los ciudadanos (tema que fue recurrente en el discurso de los ponentes), sea desde un punto de vista inclusivo o crítico, es vital. Ya en notas anteriores se analizó la renuente percepción ciudadana sobre una de las instituciones del Sistema, el Poder Judicial; y por otro lado, los mismos ponentes señalaron la responsabilidad (también) de la ciudadanía en las políticas de reducción de la corrupción. Justamente, sobre ese tema, es que se concentran algunas de las propuestas del Decano del CAL: la implementación de una Carta de derechos de los usuarios y una Defensoría del usuario.

Sin duda, hay que mantener la vista sobre esta propuesta de trabajo. El seguimiento del debate y de sus resultados es imprescindible; éstas serán herramientas importantes para el impulso efectivo de un plan integral de reforma que se espera.
(Aarón Verona Badajoz y Cruz Silva Del Carpio)