| Elseñor Genaro Matute, Contralor General de la República, está a un mes de terminar su gestión. Y justo antes de la llegada del 28 de octubre - último día laboral de este alto funcionario- el trabajo de esta institución ha saltado más a la palestra. Situación que hay que resaltar pues, salvo algún escándalo, el trabajo de la Contraloría ha pasado muchas veces desapercibida para la ciudadanía y los medios de prensa.
Y es que en las últimas semanas el Contralor General ha presentado el balance de su gestión ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Según información periodística, el mal manejo de los fondos estatales provocó un perjuicio económico al Estado por mil 143 millones de soles. Por ello, la Contraloría General de la República desde el 2001 denunció a 12,182 funcionarios del Estado en procesos penales por diversos delitos vinculados a la gestión pública, junto a lo cual suman otros 2,600 servidores implicados en procesos civiles, lo que totaliza la cifra de 14 mil 782 denunciados. A decir de Genero Matute, entre los delitos penales sometidos a procesos figuran: peculado, abuso de autoridad, malversación de fondos y corrupción de funcionarios (La República, 16/09/08).
A su vez, el Contralor reconoció que muchas de las recomendaciones de la Contraloría General de la República que establecen la presunta comisión de faltas administrativas por parte de los congresistas “son muy poco sancionadas, porque otorongo no come otorongo”. “Funciona así porque es una comisión de la misma entidad (Congreso) que se forma, y así está en la ley, que es la que tiene que sancionar. Eso ya queda en manos de los parlamentarios. Nosotros no podemos ir por encima de la ley. Son las comisiones del Legislativo las que evalúan la situación de los congresistas”, afirmó. Por esta razón es que posteriormente propuso la creación de un Tribunal de Cuentas (Perú.21, 21/09/08); un tribunal administrativo, que sirva de segunda instancia para este tipo de casos.
Sin duda, esta última propuesta resulta interesante. Ya que esta instancia, evitaría la impunidad en algunos casos flagrantes de corrupción o nepotismo, que debido a las componendas políticas dentro del Parlamento, o incluso otras instancias gubernativas, quedan en oscuros recuerdos sin sanción. Sin embargo, habría que señalar bien los alcances de la misma y su necesaria conexión con la figura de la inmunidad parlamentaria o ministerial, en caso de tratarse de altos funcionarios, así como la relación con el Poder Judicial que tiene toda instancia administrativa.
No obstante lo anterior, las cifras y las propuestas alcanzadas muestran claramente que el desinterés por este sector no debería volver a suceder, y menos en la coyuntura de la elección de un nuevo Contralor; ya que la labor de este órgano es relevante y trascendental para la vida institucional y democrática de nuestro país. Como hemos dicho anteriormente, y se ha visto de la exposición del señor Matute, la Contraloría General y quien la dirige (el Contralor General) son pilares básicos en la lucha contra la corrupción, pues administran el Sistema Nacional de Control -conjunto de órganos de control destinados a fiscalizar al gobierno a nivel nacional y descentralizado[1]-, que tiene entre sus funciones el velar por un manejo adecuado y transparente de los recursos económicos de las instituciones estatales, e iniciar las acciones judiciales respectivas contra los malos funcionarios que ocasionaron o permitieron el uso incorrecto de nuestro dinero.
En razón a estas funciones, el Contralor, es (o debería ser) “persona no grata”, dentro de los funcionarios públicos y el mejor amigo de la población. Sin embargo, debido a esto, y por la poca tolerancia a la fiscalización de parte de algunos -incluido el APRA en su primer gobierno- es que históricamente, nuestro país ha elegido a un representante o a un amigo del régimen de turno.
Por lo anterior es que importa en demasía esta nueva elección. Volvemos a insistir: el Presidente Alan García, en su discurso por 28 de julio del año 2006, prometió escoger a un candidato o candidata al puesto de Contralor, independiente del partido de gobierno, que cumpla con los requisitos y en un proceso de selección transparente. Es hora de pedirle que cumpla, y nos diga cómo se está avanzando en esta trascendental elección.
(Lilia Ramírez Varela)
[1] Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 12º. |