El 27 de enero del 2007 se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a cargo del órgano de gobierno del Poder Judicial, con la finalidad de identificar a todos aquellos que deben tres o más cuotas, sucesivas o no, de la pensión alimentaria fijada en sentencia consentida o ejecutoria, o en acuerdos conciliatorios; o los que deben pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un periodo de tres meses.

En razón de esta ley, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo remite al Poder Judicial la lista mensual de contratos, bajo cualquier modalidad que se celebren entre particulares; y la de los trabajadores que se incorporan a las empresas del sector privado, a fin de identificar a las deudores alimentarios morosos registrados, y comunicar a los juzgados correspondientes en el término de la distancia para que procedan conforme a sus atribuciones. Asimismo, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos debe remitir al órgano de Gobierno del Poder Judicial las listas de transferencias de bienes muebles e inmuebles registrados por personas naturales.

La solicitud de declaración de deudor alimentario moroso es sencilla. Sólo hay que consignar el número de expediente, el nombre y documentos de identidad de los beneficiarios con la pensión de alimentos, el nombre del obligado, la cantidad adeudada, adjuntar copia del DNI y la sentencia o acuerdo conciliatorio.

Vemos que la ley es prometedora, con un sistema que aparenta ser sencillo y eficiente. Sin embargo, ha pasado más de un año y medio y, sólo hay 345 deudores alimentarios morosos inscritos. Y cuando se promulgó la ley, la Congresista Rosario Sassieta, quien promovió la creación del Registro, señaló que el Poder Judicial tenía 233 mil casos de alimentos.

Con lo anterior, podemos comprobar que la creación del registro es un avance importante, pero que aún no es suficiente para contrarrestar el problema de las pensiones de alimentos incumplidas (ver: Crean Registro de Deudores Alimentario Morosos). Es necesario divulgar más la existencia de este Registro, y agilizar los procesos de alimentos. Pero también es urgente que las políticas en esta materia lleguen a zonas rurales, con las particularidades correspondientes.
(María Alejandra González Luna)