En esta última semana diversos medios de comunicación han informado de la arbitraria expulsión de Venezuela de José Miguel Vivanco y de Daniel Wilkinson, director y subdirector, respectivamente, de Human Right Watch para América Latina, después de la presentación del Informe “Una Década de Chavez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”.

Esta expulsión, ordenada por el Presidente Hugo Chávez Frías ha generado un fuerte y amplio rechazo de diversos gobiernos y organizaciones civiles, al que nos sumamos, por la forma prepotente y agraviante como han procedido con dos destacados y reconocidos activistas de derechos humanos, lo que refleja una preocupante muestra de intolerancia y falta de respeto a las libertades fundamentales.

Precisamente, la delegación de Human Rigth Watch estaba en Venezuela para presentar los resultados del Informe mencionado, que examinaba la década de gobierno de Chávez y los evidentes retrocesos en materia democrática registrados en ese país, en detrimento de sus ciudadanos y ciudadanas.

El capítulo III del Informe se refiere a un tema que particularmente nos parece relevante: la situación del Poder Judicial, el cual es examinado a partir de una serie de pruebas que señalan que el gobierno ha venido copando los puestos del Tribunal Supremo, afectando con ello el principio de independencia judicial. En este sentido, se realiza un pormenorizado recuento de los diversos hitos transcurridos desde que Chávez asume el gobierno en 1998 y la aprobación de la Constitución Bolivariana en 1999, que establecía una serie de garantías para la corporación judicial, que empezaron a debilitarse luego de la intentona golpista del 2002.

Precisamente, después de esa fecha, el régimen de Chávez empezó a manifestar su desacuerdo con una serie de fallos judiciales que no compatibilizaban con los fines “bolivarianos”, por lo que se iniciaron los primeros intentos “reformadores” del Poder Judicial, que en el fondo lo que promovían era la intervención del mismo, lo que tuvo su punto más alto en mayo del 2004, cuando se aprueba una ley que permitía incrementar de veinte a treinta y dos el número de magistrados supremos. Además, se comenzó a destituir a aquellos jueces que no simpatizaban con el gobierno, aprovechando que tenía el control absoluto del Parlamento.

El Informe refiere que en los años siguientes esta situación se ha agravado, no sólo porque se conformó un Tribunal Supremo genuflexo ante el gobierno de Chávez, sino porque empezaron una serie de cambios en las instancias inferiores de manera que se borrara toda huella de independencia y autonomía, para promover una corporación judicial al servicio del régimen. Se señala que se produjeron en estos años unas 400 destituciones, facilitadas porque la mayoría de magistrados eran provisionales o suplentes. Actualmente, casi todos son titulares pero nombrados por una comisión judicial simpatizante del gobierno.

La consecuencia de ello: en los años siguientes no ha sido posible contar con jueces independientes que atiendan los planteamientos ciudadanos de defensa de sus derechos y libertades básicas que estarían siendo conculcadas, lo cual ha deteriorado paulatinamente la situación de un Estado que se llama de Derecho.

En el ámbito de la justicia venozolana, Human Rights Watch ha puesto al descubierto la realidad: un desprecio por los principios elementales para una judicatura independiente y democrática, que debiera motivarnos a observar con más detenimiento lo que ocurre en dicho país, frente a la pérdida de la careta de las formas democráticas que han ocurrido bajo el gobierno de Hugo Chávez. Nos corresponde entonces estar alertas.
(Javier La Rosa Calle)