Luego de más de un año sin un plan nacional, el 27 de marzo se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, mediante el Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES (ver: Plan). La aprobación de este plan implica un gran avance, sobre todo porque en el 2007 se planteó desaparecer el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, fusionándolo con otros programas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Felizmente el decreto que aprobaba esta medida fue derogado (ver: Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual: Pendiente en la agenda gubernamental). La sola discusión de desaparecer dicho programa implicaba una falta de interés en combatir la violencia hacia la mujer, sumado al escaso presupuesto asignado ese año al Programa[1].

En esta nota queremos resaltar algunos de los puntos más importantes del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Como primer punto, llamamos la atención y felicitamos la inclusión del enfoque de interculturalidad dentro del plan, el cual no estuvo incluido en el plan anterior. Dentro de las actividades vinculadas a este enfoque están la elaboración de estudios de violencia de género e interculturalidad, capacitación para líderes comunitarios y organizaciones de mujeres. Sin embargo, debemos señalar que la labor de los jueces de paz no ha sido incluida en el plan, a pesar que si bien muchas veces están dentro de las comunidades, no siempre es así, siendo el actor de justicia estatal más cercano a la población rural, clave para engranar el sistema comunitario con el sistema estatal.

Un segundo punto, que tampoco estaba en el Plan anterior, es la inclusión en el sistema educativo de las consecuencias de la violencia de género, desde los primeros años de escuela hasta la educación superior, y luego en la Academia de Magistratura y en la Escuela del Ministerio Público. Debiendo señalar que en estas dos últimas instituciones ya se cuenta con cursos con enfoque de género en la currícula. Estas actividades ayudarán a generar cambios en los patrones culturales tanto en la población como en las autoridades que administran justicia, lo que llevaría a una mejora en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, se plantea dar asistencia técnica a los colegios de abogados y a los consultorios jurídicos gratuitos sobre los servicios de defensa ad honorem a las mujeres víctimas de violencia. Es necesario que esta asistencia no se limite a aspectos legales, sino que incluya el buen trato a la víctima, incluyendo la compresión de ciertas conductas propias del maltrato, tales como la contradicción de las versiones por parte de la víctima.

Un cuarto punto que queremos mencionar es la elaboración de un protocolo en la atención en salud para las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, no encontramos lo mismo para el sistema de justicia, donde la víctima es interrogada varias veces, y en varias ocasiones víctimizada nuevamente con el tipo de preguntas que se le hacen.

Un quinto punto, es la inclusión, a diferencia del plan anterior, de reparaciones para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, quienes llevan varios años pidiendo justicia y reparación.

Como último punto queremos mencionar que varias de las actividades planificadas van a ser ejecutadas de la mano con los gobiernos regionales y locales, lo que concuerda con la política de descentralización y la transferencia de funciones del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales. Esto ayudará a que en cada localidad se adecuen las actividades a las necesidades específicas de la población, haciéndolas más efectivas.

Si bien todavía hay varias cosas que deberían haber sido contempladas en el plan, estamos ante un paso más a favor de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esperamos que no quede en el tintero, sino que se asignen los presupuestos adecuados para poder ejecutarlo, recordemos que la violencia contra la mujer no termina en la violación de los derechos humanos de un individuo, sino que se vuelve una cultura de baja autoestima y desconfianza, que lleva a la ruptura de relaciones sociales, y de esa manera contribuye al subdesarrollo del país.