No sólo sorpresa e indignación ha generado la difusión del vídeo en el que se aprecia a César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, participando en un mitin político partidario, sino que ha agravado este malestar la manera cómo los diversos funcionarios gubernamentales y judiciales han reaccionado por este suceso. Al respecto, no llama ya la atención las declaraciones de sus ex compañeros del partido aprista, quienes, como es natural, han hecho causa común frente al magistrado encontrado in fraganti en un acto partidario.

Lo que sí desconcierta y nos debe llamar a reflexión es la propia respuesta del Presidente de la Corte Suprema, quien en una actitud solidaria ha señalado que con la actuación de Vega Vega “se ha armado un escándalo (…) por haber acudido a una reunión de un amigo de infancia, como si nosotros los jueces no tuviéramos libertad de credo, de culto, de pensamiento y de asociación” (ver: Villa Stein lo respalda). Lo dicho por el más alto funcionario judicial del país revela una preocupante visión acerca de lo que este magistrado entiende por independencia judicial y lo que debiera ser la no participación política de los jueces, diferenciándola del derecho a la libertad de conciencia que toda persona tiene.

Sin lugar a dudas, estas declaraciones y la evidente ostentación de vínculos políticos de César Vega Vega con el partido aprista, es un mensaje a toda la ciudadanía acerca del respeto que ambos funcionarios tienen a las formas democráticas de un Estado Constitucional, que establecen como un principio para la judicatura, la independencia e imparcialidad de sus magistrados.

Por lo señalado, creemos que existen fundadas razones para que César Vega Vega sea apartado de la función judicial:

1. Porque está reconocido su vínculo político con el partido de gobierno, el cual se ha traducido en la presencia del magistrado en un acto partidario.
2. Porque ha infringido varias normas: el Código de Ética del Poder Judicial que señala en su artículo 6 que “el juez debe evitar ser miembro o participar en grupos, organizaciones o encuentros de carácter político que pudieran afectar su imparcialidad en asuntos de carácter jurisdiccional a su cargo. En particular el juez no debe: (...) ii) asistir a reuniones políticas (…)”. Asimismo, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura señala en su artículo 31 que  constituye una infracción la “comisión de un hecho grave (…) que comprometa la dignidad del cargo y la desmerezca del concepto público”. Finalmente, la Constitución Política que señala en su  artículo 153 que los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política (…).
3. Porque la permanencia de Vega Vega deteriora la ya frágil credibilidad del Poder Judicial que no estaría siendo capaz de garantizar que en la Corte Superior más grande del país, la conducción de la misma evite ser contaminada de injerencia política partidaria.
4. Porque estamos ante un caso de corrupción judicial referida a la interferencia política, lo que ya se señalaba en el Informe Global de Corrupción del 2007, en el cual Transparencia Internacional ubicaba al Perú con un serio problema al respecto en sus esferas judiciales.
5. Porque algunas de las sentencias en las que César Vega Vega ha tenido participación como juez supremo provisional, han dejado un manto de duda acerca de una correcta e independiente actuación:

   a. El caso de la falsificación de un millón de firmas, en la que además solicitó a la fiscalía denunciar a los magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán).

   b. En el caso de de Dionisio Romero en la que votó por cambiar la competencia que conocía la Primera Sala Anticorrupción (entonces Sala A) a favor de la Tercera Sala Anticorrupción (entonces Sala C), denominada sala vip.

   c. Con su voto apoyó la tesis jurídica que establecía que comprar un bien que proviene de dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito (Caso Benavides).

   d. En el 2004, cuando conocía de procesos por corrupción en calidad de vocal supremo provisional, mantenía un contrato de arrendamiento con: Ángel Romero Díaz, entonces personero legal del partido aprista y abogado de Luis Duthurburu (testaferro de Vladimiro Montesinos).

Esperamos que la Oficina de Control de la Magistratura actúe independientemente y luego de realizar una exhaustiva investigación solicite la separación de este cuestionado vocal de la magistratura, restituyendo así a la ciudadanía el daño causado.