El pasado 07 de abril, luego de dictada la histórica sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso se reunió en su tradicional sesión de los martes por la tarde y aprobó determinadas modificaciones a la ley de la carrera judicial, ley 29277, tomando en cuenta tanto las propuestas formuladas por el presidente del Poder Judicial, como las planteadas por el Ejecutivo.
Del primero, la comisión aprobó -tal como puede advertirse del predictamen votado- mitigar los efectos del llamado “inciso mordaza” y considerar como falta únicamente que los jueces se pronuncien sobre procesos a su cargo. Igualmente, se levantó la prohibición de que los magistrados puedan habitar en lugares distintos al distrito judicial donde ejercen sus funciones, permitiendo que puedan vivir en zonas aledañas.
Por otra parte, a partir de las propuestas del Poder Ejecutivo, la comisión consideró apropiado indicar que la sanción por demora injustificada en la tramitación de procesos será destitución sólo “cuando se produzca un exceso del plazo para la detención por mandato judicial o prisión preventiva”.
Ahora bien, la Comisión de Justicia también asumió la postura del Ejecutivo acerca de que la administración de la evaluación de desempeño de cada 3 años y medio, sea administrada por el Consejo Nacional de la Magistratura, específicamente por una comisión conformada por tres de sus miembros. De ese modo, se deja de lado el planteamiento del Poder Judicial que pugnaba a favor de la autoevaluación.
Probablemente, éste último punto sea el que justifique la conferencia de prensa dada por el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien junto con los presidentes de sala del caso Fujimori, dejó entrever que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó las modificaciones señaladas como venganza política del Fujimorismo. Ello, a pesar de que en la sesión del martes 07 de abril -en que estos cambios fueron dados- los fujimoristas no votaron y su presencia fue casi nula.
De ese modo, no se entiende cómo puede considerarse una venganza del fujimorismo, una modificación a la ley de la carrera judicial en la que los fujimoristas no participaron. Más aún, teniendo en cuenta que la variación aprobada por la Comisión de Justicia se acerca más a la propuesta original de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS).
Ahora bien, más allá de las modificaciones en debate, queremos llamar la atención sobre una situación preocupante. El Congreso otorgó al Poder Judicial y las demás instituciones involucradas, un plazo de 6 meses poner en marcha todo lo necesario para implementar la ley de la carrera judicial. Dicho plazo culmina a mediados de mayo, y poco o nada se sabe acerca de lo realizado por el Poder Judicial para tal fin. Por el contrario, todas las noticias informan sobre su oposición “principista”, más no acerca de lo hecho por él para cumplir con la ley dada por el Congreso. ¿Acaso el Poder Judicial está incumpliendo una ley aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Ejecutivo? Si ello es así, ¿dónde queda la división de poderes y funciones que el Judicial sostiene respetar?
(César Bazán Seminario)