Tras los fuertes reclamos de fines del 2008 por parte de las cabezas de la judicatura sobre el particular, en lo que va de este año el tema “carrera judicial” se ha mantenido alejado de los medios de comunicación masivos, probablemente a la espera de la instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y la posible discusión sobre la modificación de algunas instituciones que la más alta jerarquía judicial considera nocivas para su independencia.
Quizá el reclamo de este sector se resuma en la oposición a un sistema de evaluación de desempeño cada tres años y medio para todos los magistrados (¡salvo supremos!) que, muy a contracorriente de la opinión oficial de la judicatura, sirve para generar incentivos que apuntan hacia la calidad del ejercicio profesional, la erradicación de amplios espacios de discrecionalidad advertidos en los procesos de ratificación y fuertemente presentes en los procedimientos de ascenso provisional, estableciendo de esa manera mayores estándares de protección a la independencia de los jueces. No olvidemos que esta independencia puede vulnerarse tanto por agentes externos como por actores de la propia “jerarquía” judicial.
Ahora bien, más allá del reclamo de las cabezas del Poder Judicial sobre este aspecto (y sobre el mejor denominado “inciso mordaza”), queda claro que el Poder Judicial apunta en el sentido de desacatar la ley 29277 dictada por el Congreso. Es decir, un Poder del Estado parece estar dispuesto a desconocer el Estado de Derecho y negarse a cumplir una ley producida, como manda la democracia. Léase, elaborada como una propuesta técnica seria, sobre un amplio consenso en la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), como consecuencia de un largo debate congresal de aproximadamente cinco años y un sentido reclamo ciudadano. Difícilmente una norma como la 29777, ley de la carrera judicial, ha pasado por tantos espacios legitimadores como ésta. Por ello, resulta sumamente grave que justamente el Poder Judicial, principal órgano encargado de hacer cumplir las leyes, sea quien se niegue rotundamente a cumplirla.
Sin embargo, lamentablemente el camino del desacato parece ser inminente. Así lo demuestra la pasividad con la que se viene asumiendo la implementación. La norma indica que en mayo la ley de la carrera judicial regirá los destinos de los jueces y, a pesar de ello, poco o nada puede decirse acerca de su implementación. Se han dejado transcurrir tres de los seis meses previstos para ella, sin que puedan mostrarse resultados concretos: elaboración de indicadores, protocolos, planes de estudios para la formación inicial de jueces, solicitudes de información, etc.
En fin, resulta evidente que la ley de la carrera judicial (sus eventuales modificatorias y las batallas por su implementación) será un tema presente a lo largo de este ejercicio fiscal. Esperemos que al finalizar el año, luego de que mucha agua haya corrido bajo el puente, podamos celebrar el 2009, como el año en que se implementó la ley de la carrera judicial. Ello, en beneficio de la judicatura, su independencia, la calidad del servicio de justicia y la lucha contra la corrupción.
(César Bazán Seminario)