Ardió Troya luego de la escandalosa y polémica actuación de la ahora ex Contralora General, Ingrid Soraya Suárez Velarde, quien con su actuación demostró estar muy lejos de ser la candidata ideal para ocupar tan importante cargo. El día martes 3 de febrero el Congreso anuló su designación y solicitó nueva propuesta al Presidente de la República; situación que va a generar polémica, pues tras este traspié se tiñe un manto de duda, tal vez injusto, sobre las cualidades de los otros dos candidatos: Fuad Khoury Zarzar y Mayen Ugarte del Pino, y entramos en reiterada oportunidad a la polémica del cómo y el quién debería ser el próximo Contralor General.
Lamentablemente esta elección termina mal en demasía, y queda la lección de que incluso un proceso mediante concurso para designar cargos de alto nivel deriva en inadecuado si no se respetan los principios básicos de: reglas claras y transparencia. Ya a fines del año pasado señalábamos un conjunto de irregularidades que se venían cometiendo en éste, y anunciábamos que el fallido concurso se estaba realizando: demasiado rápido, sin un reglamento previo, y que la actuación de la Comisión de Evaluación no había podido suplir estas deficiencias (ver: Convocatoria de selección del nuevo contralor general: sorpresa e improvisación y Elección de Contralor en la recta final). Empero lo dicho, un final como este jamás fue imaginado.
Ciertamente la forma en que termina este proceso se debe principalmente a la sorprendente y fallida actuación de la señora Suárez: asombró a todos su pobre desempeño en la entrevista que le hiciera la Comisión encargada del Congreso, y luego fue una gran decepción que haya incurrido en mentiras innecesarias en torno a su perfil académico, que ahora la dejan con una denuncia en la fiscalía.
Sin embargo, más allá de este desenlace concreto, no podemos dejar de mencionar que el gobierno tuvo (y tiene) muy poca voluntad por cumplir sus promesas en lo que respecta a políticas de lucha contra la corrupción; y un indicio de ello son los pasos que se venían dando en torno a la elección del Contralor. No es descabellado pensar que varias de las medidas adoptadas iban dirigidas más a la tribuna y a calmar los desánimos ciudadanos en torno a tan grave problema, acrecentado por los escándalos de León-Quimper y compañía, y no debido a un real compromiso del gobierno en elegir a alguien que garantice independencia, transparencia y reales controles en un cargo trascendental para la lucha anticorrupción.
¿Por qué señalamos esto? porque con la elección de la señora Suárez se incumplió nuevamente una promesa realizada por el Presidente Alan García al asumir su mandato. En su discurso de asunción, del año 2006, él indicó que se iba a elegir a un Contralor presentado por la oposición para garantizar una adecuada vigilancia de los fondos del Estado. Sin embargo, sobre este punto, ocurrieron cinco cosas: (i) se olvidaron de la promesa y llamaron aun concurso público hecho sin reglas y con improvisación; (ii) hicieron que una comisión de evaluación y propuesta, compuesta por personalidades, trate de llenar los vacíos de un deficiente concurso y designe a tres personas; (iii) de los candidatos, el Presidente Alan García eligió a la contadora Ingrid Soraya, quien fue presentada por el partido Renovación Nacional, que tiene como fundador a uno de los ex ministros incondicionales al presidente García: Rafael Rey. Sin duda él es un aliado del gobierno y no un opositor; (iv) en el desarrollo de las sesiones que llevó a cabo la comisión evaluadora del legislativo a la postulante, congresistas apristas apostaban por esa candidata, e incluso fungían, en algunos casos, de abogados de la misma cuándo las acusaciones la hacían trastabillar; y (v) cierto grupo de legisladores estaba tan empeñado en que salga esta candidata, que ni las últimas denuncias en torno a ella impidieron su designación.
Si bien la Comisión de evaluación y propuesta también incurrió en error al no analizar las credenciales adicionales de la postulante, y debió actuar con mayor recelo en un proceso como éste, creemos que es exagerado e incluso mal intencionado, que se quiera arrastrar en la acusación contra Ingrid Suárez a los integrantes de ésta, cómo si ellos hubieran mentido y falsificado notas o certificados. En este caso la única responsable es la postulante. Creemos que, pese a los errores cometidos, los integrantes de la Comisión Webb tuvieron buena intención al tratar de llevar un concurso con objetividad y nutrir con un nuevo y buen antecedente la elección de funcionarios de alto nivel. Lamentablemente los equívocos de este proceso venían de antes de la conformación de la citada Comisión, y ésta no pudo modificarlos.
Luego de haber perdido casi medio año en la designación de un nuevo Contralor y después de este papelón, deberíamos regresar a lo que debió suceder en un inicio: el Presidente de la República debe cumplir su promesa y dejar que la oposición busque un candidato aceptable, para luego ser propuesto al doctor García. Consideramos que eso es lo mínimo que debería dejar hacer en este momento el Gobierno.
Ciertamente esta posición es arriesgada, pues el concepto de partidos de oposición en este caso no se llena necesariamente sacando al partido aprista del medio, sino también a sus aliados indiscutibles. Por esta dificultad, que se acrecienta con un Congreso que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias al momento de buscar consenso en la elección de autoridades de alto nivel (por ejemplo: la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional), y para no toparnos con nuevos papelones, la oposición debería iniciar una búsqueda de manera pública y transparente de un nuevo candidato o candidata, y analizar que cumpla con los requisitos mínimos además de los legales como: independencia, capacidad técnica, entereza moral y sea defensor del estado de derecho. El último concurso nos hizo ver claramente que una persona con sólo capacidades técnicas no es suficiente, se requieren características personales especiales para sentarse en el sillón de una institución con un rol fundamental en la lucha contra la corrupción y para ello el escrutinio público puede ser una adecuada garantía. Esperemos que ahora sí se cumpla.
(Lilia Ramírez Varela)