Un constante reclamo ciudadano es la permanente exigencia a los jueces y fiscales para que cumplan debidamente su función e impartan justicia. Pero, qué pasa cuando las y los magistrados cumplen con lo exigido y por ello son amenazados —y hasta asesinados— como ha ocurrido en varias oportunidades en los últimos años, ¿quién los protege ante las amenazas y los atentados?
En los últimos cuarenta meses se ha atentado contra siete magistrados, siendo asesinados cuatro, herido uno y dos amenazados, sin mayores consecuencias. Los fallecidos son: Arturo Campos Vicente, magistrado del Ministerio Público; Hernán Saturno Vergara, Bernardo Tarazona Carvajal y Enrique Salazar Guzmán. Magistrados del Poder Judicial. El magistrado herido fue Ronald Cuadros Rivera, Fiscal Provincial de Ayacucho (La República, 07/02/09).
Al respecto la magistrada Antonia Saquicuray señala: “la intimidación contra jueces y fiscales se ha hecho una constante en los últimos años, incluso con agresiones en las audiencias y despachos de los magistrados aunque muchos de ellos no lo denuncian (…). A nivel de provincias, en regiones en donde se lleva procesos por tráfico de drogas, como en el VRAE, hay jueces y fiscales que todo el tiempo reciben amenazas (…)”, “(…) En esta línea (…) está el asesinato a balazos, el 2006, del vocal Hernán Saturno Vergara, de la Primera Sala Penal, por rechazar un pedido de libertad de 25 narcotraficantes del Cartel de Tijuana.”. “(…) La Seguridad de los magistrados debe ser prioritaria en función de la complejidad de los casos que se ven y no sólo cuando se trata de narcotráfico (…)” (La República, 06/02/09).
Con relación al tema, en una entrevista para el diario La República el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde señala: “(…) Creo que se debe adoptar una estrategia integral de seguridad que incluya no sola la seguridad personal del juez o fiscal, sino también familiar, domiciliaria. Incluso yo pienso, más en un seguro a favor de los jueces y fiscales que puedan sufrir un atentado en el desarrollo de su trabajo (…). Ahora, no todos los fiscales necesitan protección, sólo aquellos que ven casos que generan alarma social: terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, corrupción, desalojos. En esos casos se debe adoptar acciones de protección inmediata (…)”, (La República, 07/02/09).
Esta desprotección del Estado, y sus instituciones, se da a pesar de tener disposiciones a nivel de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano que señalan la necesidad para adoptar medidas para la seguridad de estos magistrados.
En lo que compete a fiscales se han emitido las “Directrices sobre la Función de los Fiscales”, aprobada por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990, que precisa que los “Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole” (numeral 4); se dispone también que las “autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones” (numeral 5).
En lo que respecta a los jueces se debe tener presente los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, en la que se señala que los “jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad (...) y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” (numeral 3), lo que conlleva que el Estado adopte las medidas de protección necesarias para los jueces frente a las amenazas que pudieran sufrir.
Lamentablemente, nuestro Estado, nuestro sistema de justicia penal no brinda protección ni atención no solamente a los jueces y fiscales, sino que tampoco lo hace con las víctimas, sus familiares y ni los testigos, entre otros casos, por violaciones a los derechos humanos.
Desde el movimiento de derechos humanos hemos, de manera reiterada, solicitado a las instancias del Estado, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior que se les brinde protección y seguridad a las y los magistrados que por su trabajo constantemente ven en peligro su integridad física y psicológica. Esperamos, que el fallido atentado contra la Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaiz Ramos, nos sirva de lección para iniciar una verdadera política de protección a quienes administran justicia, y a aquellas personas que aportan, en su condición de víctimas, testigos y peritos, al logro de la misma.
(Antonio Salazar García)