En las sesiones tercera y cuarta de los alegatos de la defensa del procesado Fujimori ocurridas esta semana, César Nakasaki concentró su discurso en el secuestro de Gustavo Gorriti, intentando desvirtuar —sin éxito— la responsabilidad de su defendido en estos hechos. En principio reconoció que efectivamente “Gustavo Gorriti fue víctima de un delito (…) lo que buscamos establecer es qué delito y quién fue el autor” afirmó, para luego colegir que lo sucedido fue producto de una “detención ilegal” lo que terminaría constituyendo un “abuso de autoridad”. En esta situación, planteó dos alternativas, la primera la absolución por atipicidad del hecho, y la segunda referida a la prescripción de la acción penal, en esta última señaló que Fujimori tendría el derecho de negarse al acogimiento de la prescriptibilidad del delito, siempre y cuando el Tribunal no lo condene (en Crónica Viva, 26/02/09, en: http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/74367/86/). Indudablemente, esta última proposición resulta totalmente inaudita y absurda y no merece ningún análisis.
Sin embargo, en la sesión cuarta César Nakasaki “olvidó” la tesis del delito deabuso de autoridad y afirmó que fue el ex asesor Vladimiro Montesinos el responsable del secuestro al periodista Gustavo Gorriti en 1992. “Lo que está probado es que fue Montesinos el que decidió a quiénes se debía detener. Él fue quien ordenó la detención de Gorriti. El mismo Gorriti lo ha dicho, dijo que fue por una vendetta personal que le tenía”, y que Fujimori recién se enteró de dicho secuestro en una conferencia de prensa en la que participó el propio afectado.
Pero además señaló que desde el 5 de abril de 1992 se había instaurado el estado de emergencia en el país, por lo que estaban suspendidas las garantías constitucionales sobre derecho de reunión, libre tránsito y detención sin orden judicial; tratando, con ello, de justificar la detención de Gorriti en el estado de emergencia. El pretexto que adujo Nakasaki para respaldar el secuestro fue la necesidad de inmovilizar a personajes políticos (oposición) por “razones de Estado”. Finalmente, sostuvo que no se configuraría el tipo de secuestro agravado: “en su testimonio Gorriti jamás dijo que había recibido un trato vejatorio o cruel durante su detención”, y que la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba en ese sentido.
Como sabemos, el periodista Gustavo Gorriti fue secuestrado el 5 de abril de 1992, horas después del golpe de Estado dado por Fujimori y conducido a los sótanos del SIE, donde muchos desaparecidos fueron asesinados y, según las denuncias, se calcinaban los cadáveres en un horno, lo cual sin duda representaba para dicho periodista un grave riesgo para su vida.
Todo indica que este plan criminal fue ideado por Fujimori y ejecutado por las Fuerzas Armadas, a pesar de ser abiertamente ilegal e ilícito, siendo la víctima secuestrada por elementos militares y mantenido en los calabozos del servicio de inteligencia del ejército peruano. Debe tenerse en cuenta que las Fuerzas Armadas se rigen por el principio de razonabilidad, por lo que laintervención de personas estaba relacionada con el origen mismo del estado de emergencia. ¿Cuál era el delito de Gorriti que ponía en peligro la seguridad del Estado? Evidentemente ninguno.
Finalmente, la detención de Gorriti no fue comunicada al Ministerio Público ni las autoridades judiciales del fuero común o privativo, encontrándose en condiciones vejatorias en los sótanos del SIE, en las cuales las amenazas psicológicas en un contexto donde el crimen y la tortura era parte del escenario, constituyen elementos suficientes para configurar el delito de secuestro agravado y condenar la responsabilidad de Fujimori en estos hechos delictuosos.
(Tania Valle Manchego)