La memoria es como un obrero que
trabaja para establecer cimientos
duraderos en medio de las olas.
Marcel Proust

En marzo del 2008, Heidemarie Wieczorek-Zeul, ministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo, visitó la exposición “Yuyanapaq: Para recordar” (ver: página oficial), una muestra fotográfica que da cuenta del horror vivido durante el periodo de 1980-2000, constituyéndose así en un Informe Final Visual de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), según la página oficial de la exposición ubicada en la Web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Perú (PNUD Perú).

Según la Agencia EFE (24 de febrero del 2008), fuentes diplomáticas alemanas indican que fue en dicha visita que se gestó la oferta del Ejecutivo alemán de donar dos millones de dólares para la construcción y mantenimiento de un "Museo de la Memoria" que recuerde a las víctimas de los años del terrorismo. Señala además EFE que, posteriormente, en septiembre del mismo año, la oferta se concretó en el marco de las negociaciones para el acuerdo bilateral de cooperación entre Perú y Alemania y que la donación se gestionaría a través de la Defensoría del Pueblo.

En el mismo informe se señala que las fuentes diplomáticas alemanas indican que el Gobierno peruano habría rechazado la donación del Ejecutivo alemán. Este hecho sería confirmado por las declaraciones de Eduardo Vega, primer adjunto a la Defensoría del Pueblo, quien dijo que a pesar de no existir una negativa oficial, “dentro del Estado peruano hay personas que creen que no es bueno echar más leña al fuego" y “prefería destinar la donación a proyectos asistenciales directos para las víctimas de abusos, a lo que los alemanes respondían que estaban dispuestos también a financiar esos proyectos sin por ello renunciar al museo”.

Por otro lado, en declaraciones para Radio Programas del Perú (RPP) del 26 de febrero, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz defendió la decisión del Gobierno Peruano de rechazar una donación de Alemania, señalando que prefería destinar ese dinero a algo “más necesario para el país”, lo que confirma la posición oficial (ver: Flores- Aráoz: Crear Museo de la Memoria no es prioridad para el Perú).

Ante estos hechos, la Asociación Caminos de la Memoria, integrada por Salomón Lerner Febres, Lika Mutal, Luis Longhi, entre otros, ha emitido un comunicado que busca recoger firmas de rechazo a la negativa del Gobierno y apoyar la creación de un Museo de la Memoria que conmemore a las víctimas de la violencia (ver: comunicado). Éste será publicado el día 1 de marzo en un diario de circulación nacional. Para suscribir el comunicado, basta con enviar un correo electrónico a impacto_idehpucp@pucp.edu.pe, colocando nombre y DNI.

Hay que adherirse a esta causa, hay que procurar repetir las iniciativas de reconocimiento a las víctimas de países golpeados por la violencia, subversiva o institucionalizada. Por ejemplo, el Museo de la Memoria de Rosario en Argentina (ver: página web), que tiene como objetivo la preservación de la memoria de lo ocurrido en ese país durante los años de la última dictadura militar, trabajando para evitar que el olvido se lleve consigo la atroz verdad de los campos de concentración, la desaparición forzada de personas, la apropiación de niños y la tortura o el Museo de la Memoria de las víctimas del Holocausto de Nardó (ver: Inauguran primer museo de la Memoria de las víctimas del Holocausto en Italia), en Italia, creado en enero pasado y ubicado en un campo de refugiados para los judíos que huyeron de los campos de exterminio.

La reconciliación de un país golpeado por la violencia debe incluir, necesariamente, el reconocimiento de las víctimas y la creación de espacios para ello.

En ese sentido se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar, en la sentencia del Caso La Cantuta Vs. Perú (ver: sentencia de fondo), que “dado que no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación… mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos”.
(Renato Levaggi Tapia)