El Congreso de la República semanas atrás anunció que en la legislatura de este año, se iniciara una ordenada depuración de las normas legales (leyes, decretos y otras disposiciones con rango de ley) que ya no tengan uso o vigencia en nuestro ordenamiento.
Nadie discute que muchas de nuestras leyes no tienen razón de ser, pero la eliminación de estas —o “depuración” como lo ha expresado el congresista Santiago Fujimori, titular del grupo de trabajo designado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso (compuesto además por Aurelio Pastor y Cayo Galindo)— no es un proceso fácil, ya que entre muchas de las normas que se buscan eliminar podrían encontrarse algunas derogadas parcialmente, de las que ciertos artículos tengan vigencia en la actualidad, o normas que son utilizadas como referencia en disposiciones actuales.
La Comisión de Justicia para esto, publicará en el diario oficial El Peruano, la nómina de normas que se derogarían, para que los órganos y autoridades públicas se pronuncien, realizando comentarios, sugerencias. Esta nomina abarcará a las primeras 2 900 disposiciones legales que han sido analizadas. De acuerdo a la prensa, el objetivo es que se purguen un aproximado de 20 000 normas para este año, y 34 000 para el año que viene (El Comercio, 24/02/09).
En definitiva, el Congreso busca con esta iniciativa limpiar el sistema legal de manera que sólo las leyes vigentes y que tienen aplicación en la actualidad se mantengan, mientras que el resto de estas sean eliminadas del ordenamiento, para así lograr una mejor sistematización de las disposiciones legales.
Ahora bien, la solución planteada advierte la existencia de un problema de fondo: la sobreproducción normativa, el mismo que se vería frontalmente abordado si la técnica legislativa utilizada por los parlamentarios fuera pulida por asesores jurídicos especialistas en la materia. No es falso señalar que cuando se legisla una norma para reemplazar a otra, no se expresa qué norma anterior está derogando, creándose así una inseguridad jurídica para todos los ciudadanos.
Asimismo, la gran problemática del ordenamiento o sistema jurídico de nuestro país, no es sólo la gran cantidad de normas legales que están vigentes, derogadas o caducas, sino el abuso de nuestros congresistas por legislar todo, actitud que es compartida por el Ejecutivo cuando expide decretos de urgencia y decretos legislativos, muchas veces fuera de los supuestos establecidos en la Constitución o desbordando la materia autoritativa.
También cabe agregar que el problema no solo es la cantidad de normas sino que estas son confusas o contradictorias, que necesitan de otras para aclararlas, lo cual atenta de manera flagrante contra el sentido y los requisitos necesarios para emitir disposiciones legales. Esto es, deben ser reglas generales, claras, simples y predecibles para toda persona.
Finalmente, esperamos que esta propuesta del Congreso sea trabajada en coordinación con los otros poderes del Estado, ya que es un proyecto que podría encaminar a nuestro ordenamiento jurídico a ser más claro y predecible para todos los peruanos, y que al mismo tiempo podría servir demarco para reflexionar sobre la necesidad de legisladores más prudentes al momento de dictar leyes.
(Luis Andrés Roel Alva)