El lunes 02 de marzo del 2009, Carlos Mansilla Gardella asumió la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el período que concluye en febrero siguiente. Como decíamos en un artículo anterior (ver: Elecciones en el CNM y retos para el 2009), éste es un año clave para el Consejo por varias razones: i) a partir de mayo entra en vigencia la ley de la carrera judicial y su implementación le corresponde en gran medida a este organismo; ii) en febrero del 2010 se elegirán a dos nuevos consejeros y ese mismo año en junio habrá un recambio de tres más, lo que exige de la institución acciones tendientes a consolidar los avances logrados y prever una transición ordenada, teniendo en cuenta que los respectivos colectivos involucrados deben elegir a personalidades idóneas para el puesto; y, iii) las funciones del CNM han sido pasadas por alto en lo correspondiente al nombramiento de magistrados militares.
Considerando lo dicho, llama gratamente la atención que el discurso proferido por Carlos Mansilla Gardella haya abordado estos temas (ver: discurso). En efecto, tras marcar distancia con el fujimorismo, el nuevo presidente del CNM anunció los temas principales de su gestión. Así, en primer lugar, dio a conocer su respaldo a la aplicación de la ley de la carrera judicial y los trabajos que se realizarían sobre el particular, como la coordinación con la Academia de la Magistratura para el desarrollo de los programas de inducción y habilitación, el inicio de las actividades referidas a la evaluación de desempeño o la difusión de los alcances de la nueva norma con apoyo de la academia.
Ahora bien, en lo correspondiente a las funciones regulares del Consejo, Mansilla Gardella indicó que el CNM proseguiría el combate contra la provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público, perfeccionando los instrumentos de evaluación cualitativa y teniendo en cuenta que el nuevo modelo procesal penal entrará en vigencia en varios distritos judiciales. En cuanto a las ratificaciones, el presidente señaló que continuaría la convocatoria N° 001-2009 y pondría en marcha otras, mejoraría la evaluación de dictámenes y resoluciones, a la par que buscará elaborar parámetros que ayuden a uniformizar la información que los colegios de abogados producen sobre los magistrados en las encuestas a sus miembros. Además, en materia disciplinaria, anunció que procurará contratar especialistas en lucha contra la corrupción judicial, así como mejorar las relaciones con la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía de Control Interno.
Igualmente, se refirió a la renovación de consejeros y señaló: “(…) es más que pertinente promover aquellos mecanismos que en cada oportunidad garanticen una adecuada transición, de modo que se fortalezca los avances logrados. En esa línea, será pertinente coordinar con las instituciones de la sociedad civil representadas en el Consejo, a fin que oportunamente se cautele la calidad de los postulantes como igualmente la transparencia en su designación”.
Por su parte, respecto de la justicia militar indicó: “La Ley 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial marcó un apartamiento de nuestra Constitución Política y de varias sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional respecto a nuestras facultades de selección de los jueces y fiscales castrenses. Mi presidencia insistirá ante el Congreso de la República para la corrección pertinente”. Ello empata con las gestiones realizadas por la presidencia saliente, bajo cuya dirección, el Consejo ha expresado ante el Congreso sus reparos a la norma aprobada.
De esa manera inicia su presidencia Carlos Mansilla Gardella, esbozando un plan de trabajo que esperemos se cumpla a cabalidad por el bien de la justicia peruana, sin que se repitan los impases que el año pasado mellaron fuertemente la imagen del Consejo.
Nota a parte, y a manera de colofón, señalamos que el CNM ha publicado un anuario estadístico del 2008, llamado Vademecum, el cual contiene información interesante sobre la magistratura peruana, coincidente con la que en reiteradas oportunidades, el Consorcio le ha solicitado al propio CNM. Por ejemplo, se indica que en el Perú hay un total de 2317 jueces (excluyendo a los jueces de paz) y 2380 fiscales. De dicho total general, 3051 son nombrados, lo que determina que el nivel de precariedad en el cargo sea del 35%. Otros datos interesantes son que el 39% de jueces tiene sexo femenino y que el centro de enseñanza público donde se ha formado el 22.2% de judicatura es la Universidad Mayor de San Marcos, y que su par privado es la Universidad San Martín de Porres con un 13%. Sin lugar a dudas, esta información es básica para poder elaborar políticas públicas serias en lo referente al sistema de justicia, de modo que es resaltable tanto su elaboración como su difusión.
(César Bazán Seminario)