En los últimos días, algunas noticias sin vínculos aparentes entre sí evidenciaron las dificultades que pueden tener las personas en su intento de acceder a la justicia: se trata de la noticia relacionada con la violación de cinco reclusas en un penal del Cusco y la noticia respecto del hecho que policías femeninas serán las principalmente encargadas de ordenar el tránsito en las calles (por ser más honestas o menos corruptas, según se prefiere). ¿De qué manera esas dos noticias tienen que ver con barreras institucionales para el acceso a la justicia?
“Quizás no haya podido denunciar porque como las autoridades, los jueces se movilizan con dinero, hay que pagarle a las autoridades. Es por esa razón que no tenía, no he denunciado porque no tengo plata. Como mis cuñados tienen plata y se conocen con las autoridades, entonces había una ventaja. Yo no tengo nada, ellos tienen, entonces yo aquí me he callado, por eso no he denunciado (...)” Víctima de violencia familiar, provincia de Canas (Cusco).
Lo anterior evidencia el contenido escondido en las dos noticias referidas: la necesidad de contar con una persona con autoridad (o en situación de autoridad) que, de alguna manera, respalde los intentos de acceder a la justicia, por un lado, y, por otro lado, el desbalance que se presenta en los casos en los que la corrupción afecta la independencia de los operadores de justicia.
En efecto, en el caso de las reclusas víctimas de violación sexual, sus familiares han tenido que acudir al representante de la Defensora del Pueblo en Cusco, pues según quienes denunciaron dichos delitos del 22 de febrero pasado ante la Fiscalía: “no recibi(eron) respuesta”. Tal como comentamos en otras oportunidades, es evidente el limitado acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual. En ciertos casos los operadores se niegan a recibir una denuncia o, cuando la reciben, no prestan la debida atención ni cuidado, por ello las víctimas y los familiares de éstas (como en el presente caso) se ubican en una situación de aislamiento y frustración.
¿Qué hubiera pasado si se tratara de familiares sin conocimiento de la posibilidad de acudir a la Defensoría del Pueblo? ¿Qué hubiera pasado si se tratara de casos ubicados en una zona alejada de la capital regional (por lo tanto lejos de la oficina defensorial)? ¿Cuántos casos dejan de ser investigado, y por lo tanto sancionados, por ineficiencia en el cumplimiento de las funciones de operadores jurídicos? Evidentemente, no podemos sino saludar la nuevamente eficaz intervención del representante de la Defensora del Pueblo en Cusco, Silvio Campana, cuya pronta actuación permitió que sean denunciados públicamente los delitos, con los resultados y avances ya conocidos.
Respecto de la presencia femenina en el ordenamiento del tránsito, lo que preocupa es precisamente el hecho que los elementos “más corruptos” (léase los hombres) serán asignados a trabajo en comisarías. Parte de este trabajo implicará evidentemente recibir denuncias, en ciertos casos similares a los descritos arriba. ¿Cuáles son las medidas concretas que se tomarán desde las instancias responsables, para acabar con la corrupción? Si bien de pronto se estima que habrá menos corrupción relacionada con el tránsito por la presencia femenina (lo cual está sin embargo todavía por probar), es preocupante que se tome la decisión de mover simplemente de su sitio a personas posiblemente más corruptas, sin que se tomen medidas serias precisamente para combatir la corrupción que se presenta en ciertos de operadores de justicia y prestadores de servicio.
No es novedad que, por lo general, la población se sienta intimidada por el sistema judicial y las instancias vinculadas a éste, precisamente por la discriminación y la exclusión. También que ello afecta de manera particular a las mujeres, por ser precisamente más discriminadas y excluidas. Las personas que se atreven a denunciar sus casos, muy a menudo se encuentran marginadas por un sistema de justicia poco empático a su situación.
En fin, si no se puede confiar en el sistema de justicia ni en los operadores jurídicos o prestadores de servicios, el acceso a la justicia es ilusorio.
(Christine Benoît)