La necesidad de una real reforma en el sistema penitenciario ha sido siempre uno de los temas pendientes en la reforma judicial peruana. Problemas como el hacinamiento carcelario, la corrupción al interior de los penales, la falta de un adecuado control de parte de los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como la ausencia de un plan que instituya verdaderas políticas públicas han constituido las grandes cuestiones por resolver de los gobiernos que han transitado en nuestro país.
Desafortunadamente, hechos como la reciente fuga de de cuatro narcotraficantes utilizando falsas sentencias de hábeas corpus, y la violación a cinco reclusas en el penal de Qenqoro en el Cusco cometida por agentes de ese penal fueron los hechos que “rebalsaron el vaso” y obligaron de una vez a la Ministra de Justicia a tomar medidas urgentes.
Las medidas adoptadas
1.Nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario. Como es de conocimiento público, la gran primera medida que se adoptó luego de conocer el indignante hecho de las violaciones ocurridas en el penal del Cusco, fue nombrar un nuevo presidente del INPE. Ante la inminente renuncia de Leonardo Caparrós, la Ministra de Justicia decidió nombrar a Jorge León Ballén en el cargo y a Adrián Delgado como el vicepresidente de esta institución.
Si bien, el correcto andar de las instituciones depende en gran medida de quien las conduce, consideramos que el nombramiento de nuevas autoridades no es la única solución para mejorar un sistema tan complejo como el penitenciario. Ello en vista a que la solución a los problemas que hemos descrito líneas arriba, no sólo está en manos del INPE, sino también del Poder Judicial (PJ), ya que a fin de cuentas es este poder el que lleva adelante los procesos penales de miles de reclusos.
2. Nuevos penales para combatir el hacinamiento. Según las actuales cifras, “se necesita duplicar el número de celdas” para resolver el tema del hacinamiento. Por ejemplo en Lima, “la población penal es de 22 415 presos, existiendo una sobrepoblación de 12 308 internos (222%), teniendo sólo capacidad para albergar a 10 107”. Asimismo, los datos también demuestran que el crecimiento de la población penal entre el año 1994 y 2008 ha sido enorme, pues de 19 000 hemos pasado a alcanzar la cifra de poco más de 43 000 internos (El Comercio, 28/02/09).
Ante esta grave realidad, la ministra de Justicia ha encomendado al Consejo Nacional Penitenciario terminar con la hacinación en los centros de reclusión. En sus palabras, esto significa “el buen e inmediato uso de los 165 millones de soles que han sido asignados para la construcción, ampliación, rehabilitación y remodelación de penales”. Igualmente, la Rosario Fernández señaló que “este año se construirán dos penales: el de Piedras Gordas II en Ancón, con capacidad para 2 000 internos y otro en Chincha, con capacidad para 1 500 reclusos. También se ejecutarán obras en otros puntos del país para ampliar, rehabilitar y remodelar establecimientos penitenciarios” (El Comercio, 28/02/09).
3. Medidas ante las preocupantes cifras de excarcelaciones. La noticia de la reciente fuga de reclusos empleando resoluciones falsas de hábeas corpus y las excesivas excarcelaciones (El Comercio, 28/02/09), afortunadamente han sido temas abordados no sólo por el Ministerio de Justicia (MINJUS), sino también por el Poder Judicial. Así, el pasado 27 de febrero, los titulares de ambas instituciones firmaron un acuerdo para evitar excarcelaciones indebidas de procesados o sentenciados.
Según informa la página web del PJ “el acuerdo estipula que el Poder Judicial se compromete, de manera inmediata, a acreditar ante el Inpe a los Jueces y secretarios intervinientes en potenciales procesos de excarcelación, entregar "tablilas" con sus firmas y sellos, y el escaneo de éstos para su inclusión en un sitio seguro de la Página Web del Poder Judicial, para uso exclusivo del órgano penitenciario” (Nota de Prensa del PJ, 27/02/09).
La referida página institucional también indica el compromiso adoptado por cada uno de los actores involucrados. Así, el PJ “se compromete a emitir una Directiva para regular el procedimiento electrónico de excarcelación a implementarse como una acción mediata y a la implementación del sistema electrónico (software) en los Juzgados Penales con reos en cárcel; y al diseño e implementación de un Formulario Electrónico que será de uso exclusivo de los Jueces Penales que tramitan este tipo de causas”. Por su parte, el MINJUS “se compromete, junto con el Poder Judicial a la implementación del sistema electrónico y establecer las características de éste y los datos que deberá contener”, mientras que el INPE “se compromete a contar con acceso a Internet en los establecimientos penitenciarios ubicados en los distritos judiciales de Lima, Lima Norte y Callao como primera prioridad, y progresivamente en los penales ubicados en los demás distritos judiciales del país.
Igualmente, la nota de prensa del PJ indica que el INPE “tendrá operativo el Sistema de Verificación de Huellas Digitales instalado en la Oficina Regional Lima para confirmar la identidad de los funcionarios acreditados por el Poder Judicial, y mantendrá adecuado registro fílmico a las personas encargadas de entregar documentos en sus sedes, para lo cual se instalará cámaras de video vigilancia”. Definitivamente esta medida implica grandes esfuerzos no sólo de carácter logístico, sino de carácter económico. Por ello, esperamos que se tomen las debidas precauciones para que la implementación de esta decisión se torne efectiva de acuerdo al plazo señalado por las instituciones involucradas.
Finalmente, quisiéramos resaltar que la adopción de estas medidas nos parece positiva, ya que problemas como el hacinamiento o excarcelaciones indebidas, acarrean la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos y peligro en la seguridad ciudadana respectivamente. No obstante, es importante enfatizar, que la mejora del funcionamiento del sistema penitenciario sólo será posible si las autoridades se deciden a implementar una política pública penitenciaria y no simplemente una reorganización administrativa. De este modo, las medidas a efectuarse no dependerán de quienes asumen los distintos cargos, sino responderán a la real instauración de un plan de trabajo el cual establezca de manera clara las líneas de acción que una real reforma penitenciaria debe seguir.
(Gabriela Ramírez Parco)
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