En estos últimos días se han venido tomando diversas medidas a favor la equidad entre mujeres y varones de diferentes sectores del Estado. Como comentamos hace un par de semanas, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia Nº 05527-2008-PHC/TC ordenó que una cadete en estado de gestación continué sus estudios en la Escuela Técnica Superior de la Policía de Chiclayo (ver: TC falla en contra de la discriminación a la mujer: Cadete de la PNP embarazada puede continuar sus estudios).
A raíz de esta sentencia, el Ministerio del Interior, mediante la Resolución Viceministerial N° 003-2009-IN-0103 ha creado el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Institución Policial y el Ministerio de Interior. El observatorio tiene entre sus funciones revisar y sistematizar la normatividad ligada al ámbito policial y del Ministerio del Interior a fin de adecuarla a la Política Nacional de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, divulgar periódicamente información sobre la evolución de la situación de las mujeres en la institución policial y en el Ministerio del Interior.
Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, siguiendo el ejemplo del Ministerio Público (ver: Crean registro de casos de feminicidio en el Ministerio Público), ha creado mediante la Resolución Ministerial N° 110-2009-MIMDES, un Registro de Víctimas de Feminicidio, el cual estará a cargo del Programa Nacional de Violencia Familiar del MIMDES. Para llenar el registro se utilizarán diversas fuentes de información del ámbito nacional, regional y local. La pregunta está en cómo van a coordinar los distintos sectores, lo ideal sería que se cuente con un registro único a ser alimentado por todos, y que uno de ellos sea el encargado de sistematizar la información. Para eso es necesario que cada registro contenga datos comunes y básicos, como la identidad del agresor y de la víctima, la relación entre ellos y la descripción del hecho.
Finalmente, a nivel de comisiones congresales se ha aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley N° 2429/2007-CR, el cual propone crear una Comisión Especial que elabore el “Anteproyecto de la Nueva Ley de Protección de Violencia Familiar”. Esperemos que dicha comisión se concrete y el eventual documento que elaboren tenga una mirada global e inclusiva de la realidad que busca enfrentar, incorporando, por ejemplo, medidas específicas para sectores tradicionalmente dejados de lado, como son las miles de mujeres rurales que habitan nuestro país (ver: A propósito del día de la mujer rural: ¿Cuándo se adoptarán medidas que favorezcan su acceso a la justicia?)
(María Alejandra González Luna)