(Caso patrocinado por el IDL) Antes de iniciarse la etapa de los alegatos finales, el magistrado San Martín, haciendo una sutil invocación a las partes, señaló: “no por hablar más se convence más rápido”. Esta semana se ha cumplido la octava sesión consecutiva en que el abogado de Fujimori continúa la presentación de sus alegatos, y esas palabras resultaron premonitorias, porque hasta la fecha el defensor no logra desplegar ninguna argumentación que desvincule a su patrocinado de los crímenes por los que es juzgado.
Es más, algunos de los argumentos presentados por la defensa son realmente desconcertantes, por lo inconsistentes y fuera de la realidad que se encuentran. De hecho la que más destaca es la afirmación de que el golpe de estado del 05 de abril de 1992 no fue un hecho ilegal e inconstitucional porque —asegura el abogado— fue una medida política socialmente aceptada por la población; y que por lo tanto eso lo lleva a la conclusión de que Alberto Fujimori nunca fue un gobernante de facto, sino que “siempre fue un presidente constitucional”.
Por otro lado el abogado defensor ha continuado con la estrategia de los papelitos. Tal como lo hizo durante el desarrollo del juicio oral y de manera especial en la etapa del debate de la prueba documental, el defensor sostiene que no existe ninguna vinculación de su patrocinado Fujimori con los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta porque las directivas que se emitieron para la contrasubversión desde fines de 1991 plantean una estrategia de pacificación respetuosa de los derechos humanos.
De igual manera sostiene que su patrocinado no tenía la capacidad y el poder de dar órdenes a elementos militares en actividad porque “según las normas legales el Presidente de la República tenía mando pero no comando” y por lo tanto no podía dar órdenes a las Fuerzas Armadas (FFAA).
En realidad estas dos últimas afirmaciones han sido dos piezas relevantes de la estrategia judicial de la defensa que durante el juicio oral resultó claramente derrotada, porque pretendió contrarrestar con papeles la contundencia de los crímenes y de la realidad de los años en que se produjeron aquellos. Una muestra de ello fue el evidente cambio de estrategia que el abogado defensor desarrolló en pleno juicio respecto del momento en que su patrocinado Fujimori había tomado la decisión de cambiar la estrategia contrasubversiva.
Desde el inicio del proceso sostenía que ese cambio se produjo con la promulgación de la Directiva 003 para la Pacificación Nacional promulgada en noviembre de 1991, pero ante las múltiples pruebas testimoniales y documentales que demostraron que en realidad el cambio se realizó en enero de 1991 —y que desde ese momento Fujimori la va anunciando públicamente—, el abogado defensor repentinamente comenzó a sostener que en realidad la decisión de variar la estrategia estaba plasmada en una directiva dictada en octubre de 1990, sobre la cual al ser interrogado Fujimori dijo que “no la recordaba”.
También durante el juicio oral se ha demostrado que el texto de las directivas emitidas tanto por el Presidente de la República en noviembre de 1991 y las directivas emitidas por las FFAA, en las que obviamente se sostenía un firme compromiso con el respeto a los derechos humanos, fue parte de ese doble discurso político que sobre el particular siempre existió en el régimen fujimorista. Ello fue una muestra de que se decía una cosa y se hacía otra completamente diferente.
Además, en el proceso se ha demostrado que muy a pesar de la existencia de estos documentos que hoy la defensa asegura prohibían las violaciones a los derechos humanos, las FFAA violaron de manera sistemática los derechos humanos y adicionalmente jamás reportaron como lo exigían esas directivas ningún caso de esa naturaleza.
De otro lado, entre los asuntos enteramente demostrados está que Alberto Fujimori sí dictó órdenes verbales, directas e ilegales a elementos militares en actividad. Es más, se ha probado que muchas de esas órdenes fueron dadas por Fujimori para asuntos directamente relacionados con el desarrollo de operaciones militares contrasubversivas. Estas órdenes, Fujimori las dictó desde los meses iniciales de 1991, porque al ex presidente le interesó impulsar personalmente la ejecución de la nueva estrategia. Un dato fundamental es que todas ellas fueron cumplidas por los efectivos militares y que el entonces presidente se reconocía “como un comandante de verdad”.
Estamos pues ante una estrategia de defensa que ha sido derrotada por una intensa actividad y aporte probatorio del Ministerio Público y de la Parte Civil, que deja como conclusión la existencia de evidente responsabilidad penal de Alberto Fujimori en los crímenes por los que es juzgado. Seguramente esta conclusión es parte de la evaluación de aquellos como el general EP (r) Julio Salazar Monroe, ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que apostaron a subordinar sus declaraciones y sus propias defensas para beneficiar al jefe del aparato de poder, Fujimori. Apostaron que si el jefe se salvaba por lo tanto ellos también.
Ahora Salazar se ha dado cuenta que eso no ocurrirá y que los 35 años de pena impuesta por la sala anticorrupción por su responsabilidad en el crimen de La Cantuta muy probablemente no serán modificados en la apelación ante la Corte Suprema de Justicia, y por eso Salazar ha despedido a Nakasaki. Hoy su nuevo abogado señala al defensor de Fujimori como un manipulador de las declaraciones de Salazar para beneficiar al ex dictador e indica que sí existió una estrategia contrasubversiva paralela a la oficial. Si bien esto ya no podrá ser apreciado en el juicio contra Fujimori, resulta evidente que es una muy clara consecuencia de la situación de derrota en la que se encuentra su defensa.
(Carlos Rivera Paz)