En junio del año pasado se presentó una fuerte denuncia promovida por la propia Ministra de Justicia, contra Alicia Salinas Larriviere, magistrada del noveno juzgado contencioso administrativo de la corte de Lima, por haber dictado resoluciones cautelares a favor de reincorporar y ascender a miembros de la Policía Nacional del Perú, que habían sido separados de su institución (ver: Polémica por decisión de jueza que ordena ascenso de Coronel PNP).
La denuncia, que en su momento generó un gran impacto mediático, trajo consigo una rápida respuesta de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) (ver: Siguen las consecuencias ante irregular ascenso de policías), que ordenó la medida cautelar de abstención contra la magistrada por presuntas irregularidades advertidas en los expedientes N° 2006-46466 y 2007-2848, léase dictar la reincorporación y el ascenso de policías al cuerpo sin contar con la debida motivación, siendo ésta además potestad exclusiva del Presidente de la República. Asimismo, la denuncia original advertía de un supuesto direccionamiento hacia el juzgado de la magistrada procesada, de diversos casos relacionados con reincorporaciones de policías.
Así, el 19 de enero del 2009, mediante resolución hecha pública recientemente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) decidió revocar la medida de abstención temporal dispuesta por la OCMA, con lo que se deja sin efecto la suspensión de funciones de Alicia Salinas Larriviere, de modo que podría retornar al Poder Judicial. En concreto, el CEPJ respalda la actuación de la cuestionada magistrada, sosteniendo: “De la resolución emitida por la Juez Salinas Larriviere, por la cual ascendió vía medida cautelar al Coronel (…) al grado de General (…) se advierte que este (sic) se encuentra supuestamente motivada, pues aparece que ha expresado los fundamentos de hecho y de derecho que orientaron su decisión; y que si bien es facultad del Presidente de la República ascender al grado de General; dicha potestad no es absoluta (…)”.
De esa manera, el CEPJ da marcha atrás en cuanto a la medida cautelar de abstención ordenada por la OCMA contra la magistrada acusada de graves irregularidades, a la vez que respalda en parte la postura de la jueza asumida en los casos de ascenso judicial de policías. Sin lugar a dudas, este es un caso que no debe perderse de vista, por la relevancia de las acusaciones y por el impacto que ha tenido en las más altas esferas de los actores del sistema de justicia.
(César Bazán Seminario)