A inicios de este mes, la congresista Juana Huancahuari Paucar presentó el proyecto de ley N° 3061/2008-CR, que plantea la constitución de un “Programa de protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos”, en el cual participarán el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo (ver: proyecto).
Este proyecto recoge una propuesta que hace unos meses había presentado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) a la Presidencia del Consejo de Ministros para afrontar el alarmante aumento de amenazas a personas avocadas a la protección y promoción de derechos humanos durante el año pasado, buscando una mayor preocupación del Estado sobre el particular. La grave situación que se busca afrontar fue analizada en el informe “Incidentes contra defensores de derechos humanos en el Perú” de la CNDDHH (ver: informe), donde se documentan los distintos tipos de amenazas y afectados, así como la forma en que esta situación se agravó durante el año 2008 en comparación al año anterior; documento que fue comentado en detalle a través de este portal web (ver: Alarmante aumento de agresiones y hostigamiento contra defensores y defensoras de Derechos Humanos).
Luego de un periodo de tiempo relativamente corto respecto al proyecto presentado por la CNDDHH, esta preocupación llegó al Congreso a través de la parlamentaria Huancahuari, cuya propuesta mantiene el espíritu de la iniciativa y el informe de la CNDDHH. Además de la creación del programa de protección, cuenta con otros planteamientos importantes:
- La creación de una Comisión Multisectorial de Supervisión del programa, conformada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la CNDDHH.
- La asignación de un equipo policial exclusivo para la protección de los defensores que participen en procesos de lesa humanidad, especializado en medidas preventivas y de alto riesgo; así como para las personas cercanas a ellos. El proyecto precisa que este equipo debe contar con la capacitación adecuada, lo cual no es redundante ya que, como el informe de la CNDDHH señala, la seguridad brindada por el Estado a la fecha, ha resultado ineficiente y escasa; siendo más que nada una formalidad cumplida. La responsabilidad de esta capacitación recae sobre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.
- El establecimiento de dos mecanismos para la ejecución de las medidas de protección: a) la unidad especializada de la policía y, b) un equipo de apoyo conformado por entidades estatales.
De este modo, se ha puesto sobre la mesa un tema que, lamentablemente, ha tenido que acumular, en dos años, 124 incidentes graves contra defensores de derechos humanos para llamar la atención. Incluso varios de estos incidentes se caracterizan por ser altamente riesgosos para el desempeño de su trabajo, principalmente aquellos vinculados con empresas mineras y el juicio al ex presidente Fujimori. Sin embargo, la oportunidad se ha presentado clara, esperemos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada de dictaminarla, le brinde el interés debido para la evaluación de una ley cuya trascendencia alcanza a todo el sistema de justicia.
(Aarón Verona Badajoz)