El líder awajun, Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), está siendo procesado judicialmente por el delito de secuestro, a raíz de la detención —durante una semana— de siete integrantes de las empresas mineras Dorato y Afrodita en la comunidad de Huampami, ubicada en el distrito de Cenepa, en enero del año en curso.
En declaraciones para el diario la República del 08 de marzo pasado, la congresista nacionalista huanuqueña Yaneth Cajahuanca señaló que el enjuiciamiento del mencionado líder awajun, ha generado una gran inconformidad en la comunidad en la medida que las empresas mineras enviaron a sus trabajadores sin permiso para explorar tierras, que son “sagradas” para la misma (ver: Líder awajun es procesado por presunto delito de secuestro).
La opinión inconforme de la comunidad fue recogida en un viaje realizado por los congresistas nacionalistas Marisol Espinoza, Rafael Vásquez, José Maslucán y la propia Cajahuanca, en el que se firmó un acta entre estos y los comuneros awajun-wampis que afirma la necesidad de que el Ministerio de Energía y Minas revoque las concesiones mineras y haga la consulta previa con la población.
Sin lugar a dudas, es alentador el hecho que se formen comisiones y se firmen actas que sientan las bases para el abordaje de la desatendida problemática de los pueblos indígenas. Pero a la vez, es sumamente preocupante que estas iniciativas aparezcan precisamente en los momentos en que se desbordan los conflictos sociales y cuando desde la óptica del Estado se producen violaciones de derechos humanos.
El desinterés y el desconocimiento del Estado respecto a la problemática de los pueblos indígenas y las obligaciones internacionales que con estos mantiene, han generado ya situaciones de violencia que han traído como respuesta, por ejemplo, la derogación de decretos legislativos que afectaban a las comunidades campesinas y nativas del país, medidas que fueron producto de la simple coyuntura y que no constituyen una política responsable ni garantista de los derechos de los pueblos indígenas.
Pero, la posición del Estado ha traído como consecuencia, además, el procesamiento de cientos de líderes comuneros y ronderos por el delito de secuestro, cuando, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales a los que el Perú se ha adscrito, han detenido a alguna persona. Como sería en el caso del líder awajun, Zebelio Kayap.
El caso suscitado en la comunidad de Huampami no es el único, ni sería el último, en la medida en que el Estado mantenga esta posición de indiferencia y sistemática afectación de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello es necesario un cambio trascendental en el tratamiento del tema indígena, que se deje de lado el discurso monocultural y etnocentrista y se reconozcan, no tan sólo en mítines o mediante medidas urgentes, la pluriculturalidad del Perú y los derechos a la consulta, la participación, el propio derecho consuetudinario, entre muchos otros, que los pueblos ostentan.
(Renato Levaggi Tapia)