Esta semana, debido al anuncio de una nueva audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al vigente problema del fuero militar peruano, se han producido nuevas declaraciones de diversas autoridades en torno a tan importante tema. Respecto a éstas, como era de preverse, nuevamente el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar Policial (TSJMP), Carlos Meza Angosto, volvió a referirse a la audiencia como un intento de parte de la sociedad civil por desaparecer la justicia militar policial, razón por la cual intentará convencer a los integrantes de este órgano supranacional del “rol imprescindible de la justicia militar en el Perú” (Expreso, 17/03/2009).
A su vez, el vicepresidente del Tribunal Constitucional -órgano desautorizado con la vigencia de la ley Nº 29182, ley de organización y funciones del fuero militar y policial, debido a que esta norma vuelve a hacer caso omiso de parte sustancial de los mandatos jurisprudenciales de esta instancia en relación a la jurisdicción castrense- explicó que “el punto medular de la sentencia del TC es que militares en actividad no pueden ser jueces y fiscales, y que éstos tienen que ser nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura”. Sin embargo, añadió que “en aras de un entendimiento, el TC podría tener una posición más flexible con respecto a su propia sentencia, y permitir que los magistrados no sean necesariamente civiles sino militares, pero en retiro, y que puedan ser nombrados por el CSJM” (ver: Portal TV Perú, 18/03/2009).
Sin duda ambas declaraciones generan preocupación, primero porque nuevamente se aprecian distorsiones en torno a la actual problemática de la justicia militar en nuestro país y, además, las mismas, significarían un virtual retroceso a lo ya avanzado hasta la fecha en relación a la adecuación del fuero castrense a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos y de una judicatura independiente e imparcial.
Sobre las declaraciones del actual presidente del TSJMP, hay que señalar que éstas se encuentran alejadas de la realidad y no van al punto central del por qué nos preocupamos de esta materia y nuevamente acudimos a la CIDH. Durante todo el tiempo que venimos comentando y analizando la problemática en torno a la justicia militar jamás hemos señalado que buscáramos la desaparición de esta jurisdicción especial. Ciertamente debe quedar claro que el IDL no busca la desactivación de la justicia militar. Lo que busca con esta audiencia temática de la Comisión es exhortar al Estado peruano a adecuar el fuero castrense a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Seguir leyendo...