El Poder Judicial (PJ) está nuevamente cuestionado debido a la actuación que se produce en torno al caso del “chuponeo telefónico”, que involucra a la empresa Business Track. La investigación preliminar no avanza, está estancada, debido a la falta de celeridad y poca diligencia de la jueza encargada del caso, María Martínez, del 34º juzgado penal de Lima y del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega. Y es que, pese al tiempo que lleva la investigación, la gravedad de los delitos, la delicada información que se maneja y la cantidad e importancia de las personas involucradas, la referida jueza, recién iniciará el 6 de abril el análisis pericial del material informático incautado a la empresa en mención, fachada de lo que vendría a ser una amplia red de espionaje telefónico dirigida a empresarios, políticos, periodistas entre otros de conocida trascendencia en la vida nacional.
El caso que se comenta a continuación no es una causa cualquiera. Son, nada más y nada menos, situaciones que vienen ocurriendo en torno al proceso que se sigue contra los involucrados en uno de los más importantes escándalos de espionaje producidos en la historia del país, y que está directamente vinculado al escándalo de corrupción destapado en octubre del año pasado cuando se hizo público el audio de la conversación entre Alberto Quimper y Rómulo León, repartiéndose los recursos del Estado (adjudicación de pozos petroleros) cual hacienda suya. Proceso que se lleva aparte y que, por cierto, también tiene problemas, pues sorprendentemente hasta la fecha, el juez anticorrupción Jorge Barreto no ha podido encontrar un perito encargado de abrir la computadora de Rómulo León (La República, 22/03/09).
¿Por qué el retraso en estas diligencias? ¿Acaso es falta de apoyo de parte de las autoridades judiciales?, o es ¿falta de capacidad de la jueza? De acuerdo a la información difundida, parece ser una mezcla de ambas cosas. Pese a que la jueza Martínez ha sido relevada de recibir nuevas causas y que el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega señaló, en su momento apoyo total a la magistrada (La República, 22/03/09), los problemas descritos por la letrada para conseguir peritos y la falta de logística para afrontar el caso dicen mucho del interés de las autoridades judiciales en este proceso, y principalmente del vocal Vega Vega. También la doctora Martínez señaló que Vega Vega no había atendido sus requerimientos en relación a los softwares necesarios para proteger el material informático, y que nuevamente ha vuelto a enviar este requerimiento “bajo apercibimiento de remitir copias al órgano de Control de la Magistratura (OCMA)”, en caso de incumplimiento (Caretas N° 2071, 26/03/09).
Por otro lado, las quejas del fiscal encargado de las primeras investigaciones, Walter Milla, en torno a extrañas decisiones procesales de la doctora Martínez ─como la falta de notificación de pedidos de los procesados a la fiscalía, y la declaración de nulidad de diligencias que en su momento la misma jueza autorizó (Perú.21, 25/03/09 y La República, 22/03/09)─, así como declaraciones de la propia Fiscal de la Nación en torno al entrampamiento judicial (El Comercio, 21/03/09), hacen ver que las decisiones jurisdiccionales de la referida son, al menos, cuestionables y poco transparentes.
Es verdad que la jueza tiene amplio margen de independencia para modificar decisiones inicialmente tomadas, así como para ampliar el tiempo de la investigación y resolver solicitudes de los procesados en este caso, tal como lo está haciendo en este momento (sin duda la ampara el Código Procesal Penal de 1991 y las normas judiciales). Sin embargo, todas estas actuaciones deben estar directamente vinculadas a lograr dos fines del proceso: el esclarecimiento de los hechos ilícitos, para que sean adecuadamente juzgados y sancionados como corresponda a fin que el caso no termine en impunidad, así como el respeto de los derechos fundamentales (tutela judicial efectiva) de los procesados.
Lamentablemente, las decisiones jurisdiccionales de la jueza, insistimos, tomadas también por falta de apoyo, están lejos de ayudar al esclarecimiento de los ilícitos: el alargar el análisis de pruebas fundamentales para el caso (CPU, computadores portátiles, memorias con puerto USB, y otro material informático que contienen los famosos audios) puede llevar a que éstas se dañen, pierdan, distorsionen o no sean adecuadamente investigadas. La magistrada sólo tiene hasta el 24 de abril para acabar con la etapa de investigación y recién empezará el análisis del abundante material el 6 de ese mismo mes. A su vez, el hecho de demorar la investigación puede ocasionar que, con el paso del tiempo, los encausados vean vulnerados sus derechos en relación al sostenimiento a un proceso justo y llevado en un plazo razonable.
Ciertamente, lo que ocurre con esta causa no tendría por qué generalizarse y ser el indicativo de la actuación del Poder Judicial. Sin embargo, los hechos y lo emblemático podrían llevar a la ciudadanía a pensar que si esto pasa en este proceso, ¿qué cosas no pasarán en otros casos no conocidos?, con personas comunes que pugnan por encontrar justicia de manera eficiente. A su vez, es grave la señal que nos envía el desarrollo de esta causa en relación a las prioridades que tienen las autoridades en lucha contra la corrupción, y en procesos donde el tercer Poder del Estado tiene que enfrentarse a grandes mafias relacionadas a poderes de facto, donde podrían estar involucradas altas autoridades que incluso, según declaraciones de algún involucrado, llegaría a la figura del vicepresidente de la República, Luis Giampietri (Entrevista a Elías Ponce Feijóo, dueño de BTR, La República, 08/02/09).
A estas alturas de escándalo y preocupación en torno al caso Business Track, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Vega Vega, tiene muchas cosas que aclarar. Sobre todo teniendo en cuenta antecedentes que lo vinculan con el partido de gobierno, las suspicacias no son infundadas. Es de esperar, que las autoridades judiciales cambien de rumbo en su política de organización y apoyo a procesos judiciales de primer orden como éste. Sin duda, también sería adecuado que el Presidente del Poder Judicial se pronuncie, a fin de calmar o explicar qué pasa con la institución que preside y señalar que de encontrarse responsables de este embrollo judicial mayúsculo, éstos deben sancionados.
Lamentablemente, este tipo de actuaciones hacen que la institución pierda legitimidad, y que la confianza en la independencia que tendrá este órgano, cuando deba enfrentarse al poder, sea poca. Hay que recordar que no sólo basta ser independiente, sino también parecerlo.
(Lilia Ramírez Varela)